La situación de unos 140 trabajadores del Puerto de Ushuaia motivó un pronunciamiento de la International Dockworkers Council (IDC), que exigió su regreso a las funciones habituales y el fin de la intervención nacional. En un comunicado difundido este 7 de octubre, la organización internacional de trabajadores portuarios y estibadores reclamó que la terminal vuelva a ser administrada por Tierra del Fuego, con garantías para los salarios, la seguridad social y la representación sindical.

Según la información que la entidad recibió de sus organizaciones afiliadas en Argentina, los empleados fueron desplazados de sus tareas tras la intervención dispuesta en enero, mientras se incorporó o trasladó personal desde otras jurisdicciones. “Los trabajadores no son responsables de las decisiones administrativas adoptadas durante estos meses”, sostuvo la IDC, que cuestionó que las diferencias entre organismos y gobiernos repercutan sobre las condiciones laborales.

El documento también exige una auditoría independiente y transparente de la gestión económica y administrativa durante la intervención. La revisión propuesta comprende ingresos, cuentas bancarias, posibles transferencias, contrataciones, licitaciones, incorporación de personal y gastos. La organización señaló que cualquier eventual irregularidad deberá ser investigada por los organismos competentes, a los que corresponde determinar responsabilidades.

Representantes de organizaciones vinculadas a la IDC viajarán a Tierra del Fuego durante la última semana de octubre para participar de reuniones y actividades, incluidos encuentros con autoridades provinciales. La entidad destacó el valor estratégico de la terminal para la actividad marítima, los cruceros internacionales y la conexión con la Antártida. “Un puerto no puede ser utilizado como escenario de disputas institucionales mientras sus trabajadores permanecen en una situación de incertidumbre”, advirtió.

La organización llamó a alcanzar una solución que contemple la devolución de la administración a la Provincia, la reincorporación de los trabajadores y el control público de los recursos portuarios. Además, anticipó que, si no encuentra una respuesta satisfactoria, evaluará con sus afiliadas nuevas acciones internacionales de solidaridad y medidas sindicales, sujetas a decisiones colectivas. “Porque un puerto no es solamente una infraestructura. Un puerto son sus trabajadores”, concluyó.