El Partido Justicialista presentó un proyecto en la Legislatura para regular la utilización de inteligencia artificial durante las campañas electorales. La iniciativa contempla sanciones, controles sobre la publicidad política y medidas judiciales urgentes para impedir la difusión de contenidos manipulados.
Las próximas campañas electorales de Tierra del Fuego podrían tener nuevas reglas para el uso de inteligencia artificial. Un proyecto presentado por el bloque del Partido Justicialista propone establecer límites a la creación de videos falsos, la imitación digital de voces de candidatos y la utilización de cuentas automatizadas para influir en los votantes.
La iniciativa, denominada “Integridad Digital y Transparencia Algorítmica en Campañas Electorales”, busca incorporar herramientas de control frente al avance de tecnologías capaces de producir imágenes, audios y videos que aparentan ser reales, incluso cuando las situaciones representadas nunca ocurrieron.
De aprobarse, las disposiciones alcanzarían a partidos políticos, alianzas electorales, candidatos, precandidatos, consultoras, agencias publicitarias y terceros contratados que participen en campañas provinciales y municipales.
Videos falsos y voces creadas con inteligencia artificial
Uno de los principales objetivos del proyecto es impedir que se utilicen herramientas digitales para atribuir declaraciones o comportamientos inexistentes a dirigentes políticos.Por ejemplo, quedaría prohibida la difusión de un video generado mediante inteligencia artificial en el que un candidato aparezca realizando un anuncio que nunca hizo, o de una grabación que reproduzca artificialmente su voz para transmitir un mensaje falso con la intención de engañar al electorado.
Estas manipulaciones, conocidas como deepfakes, constituyen una de las preocupaciones centrales de la propuesta legislativa.
El texto también establece que los contenidos electorales creados o modificados sustancialmente mediante inteligencia artificial deberán incluir una advertencia expresa con la leyenda “Contenido generado/modificado mediante Inteligencia Artificial”.
En el caso de los videos, la identificación deberá permanecer visible cuando exista riesgo de confusión. Para los audios, la advertencia tendrá que incorporarse tanto al comienzo como al final de la grabación.
Controles sobre bots y publicidad política personalizada
La propuesta también apunta a las estrategias digitales utilizadas para multiplicar mensajes políticos en redes sociales.En ese sentido, busca impedir la utilización de bots y cuentas falsas para generar artificialmente una mayor circulación de determinadas publicaciones o aparentar un respaldo ciudadano que no existe.
Otro aspecto es la regulación de la microsegmentación electoral, una práctica que permite dirigir anuncios a grupos específicos de personas según sus características, intereses o comportamientos.
Quienes recurran a estas herramientas deberán informar a la Justicia Electoral los criterios utilizados para seleccionar a los destinatarios, los montos invertidos y la identidad de quienes financiaron la publicidad.
Además, se pretende que los ciudadanos puedan conocer por qué reciben un determinado anuncio político y quién pagó para que aparezca en sus dispositivos.
La iniciativa prohíbe utilizar información sensible, como datos biométricos, de salud, creencias religiosas u orientación sexual, para elaborar perfiles destinados a campañas electorales.
La Justicia Electoral podría intervenir ante contenidos manipulados
El proyecto contempla mecanismos para actuar cuando se detecten publicaciones que puedan afectar el desarrollo de una elección.Ante una denuncia, la Justicia Electoral estaría facultada para ordenar la suspensión de publicidad, exigir advertencias sobre contenidos manipulados, preservar pruebas digitales y disponer rectificaciones.
En situaciones excepcionales, cuando exista un riesgo grave e inmediato para el proceso electoral, también podría ordenar que un contenido deje de estar disponible.
Las sanciones previstas incluyen apercibimientos, multas y la suspensión de determinadas acciones publicitarias. Sin embargo, el texto no establece todavía montos específicos ni escalas económicas para las multas.
La sátira y la crítica política quedarían protegidas
La iniciativa diferencia expresamente las maniobras destinadas a engañar a los votantes de las expresiones humorísticas, artísticas o de crítica política.Las parodias y representaciones ficticias continuarían permitidas, aunque deberían identificarse cuando pudieran confundirse con situaciones reales.
Tampoco se consideraría una infracción el hecho de realizar críticas políticas, incluso cuando fueran severas u ofensivas.
Las publicaciones periodísticas, investigaciones académicas, contenidos educativos y materiales destinados a verificar información también quedarían exceptuados, siempre que se aclare el carácter falso o cuestionado de los contenidos reproducidos.
El desafío de controlar las redes sociales
Uno de los principales interrogantes sobre la eventual aplicación de la ley está relacionado con las plataformas digitales donde circula gran parte de la propaganda electoral.Facebook, Instagram, TikTok y otras redes utilizan sistemas propios para distribuir publicaciones y seleccionar qué anuncios recibe cada usuario. Buena parte de esa información permanece bajo el control de empresas que operan fuera de Tierra del Fuego.
Si bien una ley provincial podría establecer obligaciones para quienes participan de las elecciones fueguinas, su capacidad para imponer modificaciones generales en el funcionamiento de estas plataformas sería limitada.
El proyecto tampoco contempla un mecanismo específico de cooperación con las compañías tecnológicas para obtener información sobre el origen, financiamiento y alcance de contenidos sospechosos.
Antecedentes en Argentina y otros países
La preocupación por la manipulación electoral mediante inteligencia artificial ya tuvo manifestaciones concretas en Argentina.Durante las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires de 2025 circularon videos alterados digitalmente que mostraban a dirigentes políticos realizando declaraciones que no habían efectuado, lo que motivó actuaciones judiciales.
En distintas provincias argentinas también se presentaron propuestas para regular estas prácticas, aunque todavía no existe un régimen nacional electoral integral que contemple todas estas situaciones.
Brasil constituye uno de los antecedentes regionales más relevantes. Desde las elecciones municipales de 2024 estableció restricciones para los contenidos sintéticos y prohibiciones específicas sobre los deepfakes utilizados con fines electorales.
En Tierra del Fuego, la iniciativa del PJ deberá atravesar el tratamiento legislativo correspondiente antes de convertirse en ley.
De avanzar, incorporaría nuevas obligaciones para las campañas políticas provinciales y municipales, en un escenario donde la inteligencia artificial permite producir y distribuir contenidos manipulados con una velocidad cada vez mayor.
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