La propuesta apunta a resolver uno de los principales problemas que enfrentan las comunidades durante terremotos, inundaciones, incendios forestales y otros desastres de gran magnitud: la imposibilidad de pedir ayuda, conocer el estado de familiares o recibir información de los organismos de emergencia cuando las comunicaciones tradicionales dejan de funcionar.

El sistema previsto no reemplazaría a los servicios habituales de telecomunicaciones, sino que se activaría exclusivamente ante situaciones críticas. Para ello, debería comprobarse una interrupción total o una afectación grave de las redes terrestres, ya sea por cortes prolongados de energía eléctrica, destrucción de antenas, caída de torres o daños en otras instalaciones esenciales.

Uno de los aspectos centrales del proyecto es que permitiría establecer comunicaciones directamente desde teléfonos móviles compatibles, utilizando satélites de órbita baja que funcionarían temporalmente como antenas. Esta tecnología, conocida como Direct to Cell, permitiría priorizar el envío de mensajes de texto, comunicaciones de emergencia y datos de geolocalización sin necesidad de instalar antenas particulares o equipos adicionales por parte de los usuarios.

La segunda alternativa contempla la instalación de terminales satelitales portátiles en hospitales, escuelas, centros de evacuación y otros espacios considerados prioritarios. Estos dispositivos permitirían ofrecer acceso gratuito a internet mediante redes Wi-Fi abiertas, sin contraseñas, para facilitar la comunicación de las personas afectadas y el trabajo de los equipos de asistencia.

La responsabilidad de desplegar estos puntos de conectividad recaería en el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR), organismo que interviene en la coordinación de acciones frente a emergencias y desastres.

Otro punto relevante de la iniciativa está relacionado con el financiamiento. El texto establece que el Estado no podría contratar abonos mensuales permanentes para mantener servicios satelitales sin utilización, sino que debería pagar únicamente por las conexiones efectivamente empleadas durante una emergencia o por las pruebas técnicas necesarias para garantizar el funcionamiento del sistema.

La propuesta también adquiere relevancia para provincias como Tierra del Fuego, donde las condiciones climáticas extremas, los temporales y las distancias entre localidades pueden generar dificultades adicionales para mantener las comunicaciones durante situaciones de emergencia. Contar con una alternativa independiente de las redes terrestres permitiría fortalecer los mecanismos de asistencia y coordinación ante eventuales contingencias.

Por el momento, se trata de un proyecto legislativo que deberá atravesar el correspondiente tratamiento parlamentario antes de convertirse en ley. De avanzar, Argentina podría contar con un marco específico para activar conectividad satelital de emergencia cuando la infraestructura convencional resulte inutilizada por una catástrofe.