Investigaciones presentadas ante la Comisión de Seguridad Pública del Senado de Chile colocaron a Ushuaia dentro de un corredor marítimo que estaría siendo analizado por posibles movimientos de narcotráfico y contrabando entre Argentina y Chile. Las autoridades judiciales advirtieron que las organizaciones delictivas aprovechan las características geográficas de la Patagonia, la extensa frontera y las diferencias existentes en los mecanismos de control de ambos países.

El tema fue abordado durante unas jornadas realizadas en Punta Arenas, donde participaron el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto, y el fiscal federal de Río Gallegos, Julio César Zárate. Ambos plantearon la necesidad de fortalecer la cooperación binacional y agilizar el intercambio de información frente a estructuras criminales que pueden desplazarse con rapidez entre pasos terrestres y vías marítimas.

Durante su exposición, Crisosto aseguró que fueron identificados recorridos que comenzarían en Tierra del Fuego y continuarían por diferentes puntos del territorio chileno. “Hemos identificado rutas de narcotráfico que van de Ushuaia”, manifestó. De acuerdo con su descripción, el circuito avanzaría hacia Punta Arenas, Puerto Natales, Puerto Chacabuco y Puerto Montt, utilizando conexiones marítimas para el desplazamiento de cocaína y cigarrillos. También señaló que existen investigaciones sobre movimientos realizados en dirección contraria.

La preocupación de las autoridades coincide con un crecimiento de la navegación por el extremo austral. Durante las exposiciones se indicó que el tránsito de grandes embarcaciones a través del Estrecho de Magallanes aumentó un 47% entre 2024 y 2025. Para los investigadores, una mayor circulación genera nuevos desafíos para los organismos encargados de fiscalizar una región caracterizada por enormes distancias y numerosos puntos de difícil vigilancia.

Desde la Justicia Federal argentina, Zárate describió además mecanismos utilizados por organizaciones que buscan atravesar la frontera mediante campos, caminos secundarios y vehículos. Según explicó, algunas investigaciones detectaron el empleo de comunicaciones satelitales, billeteras virtuales, casas de cambio y diferentes estructuras destinadas posteriormente a canalizar o blanquear los fondos provenientes de actividades ilegales. El fiscal sintetizó una de las principales dificultades al señalar que “la velocidad del delito es mucho mayor que la velocidad del Estado”.

Otro de los aspectos analizados fue la posible relación entre el contrabando de cigarrillos y las estructuras dedicadas al narcotráfico. Crisosto informó que durante 2025 fueron decomisadas más de 600 mil cajetillas y que existen más de 120 vehículos secuestrados en investigaciones vinculadas con ambos delitos. La hipótesis investigativa apunta a que las ganancias generadas por el comercio ilegal de tabaco podrían ser utilizadas para financiar parte de la logística empleada en otras actividades criminales.

Desde la autoridad marítima chilena, sin embargo, se introdujeron algunas precisiones sobre la magnitud del fenómeno. Directemar indicó que cerca de 2.500 embarcaciones atraviesan anualmente el Estrecho de Magallanes y sostuvo que hasta ahora no fueron detectadas organizaciones que utilicen regularmente ese corredor para transportar grandes cargamentos de droga hacia mercados internacionales. Pese a ello, a comienzos de agosto se registró el decomiso de 56 mil cajetillas de cigarrillos en una embarcación localizada en Bahía Azul, en el sector chileno de Tierra del Fuego.

El análisis desarrollado en Chile volvió así a poner la atención sobre la necesidad de considerar a la Patagonia como un espacio integrado frente al delito transnacional. Para fiscales y organismos de seguridad, reforzar la coordinación entre Argentina y Chile, acelerar el intercambio de inteligencia y mejorar los controles aparece como una de las principales herramientas para impedir que las rutas marítimas y terrestres del extremo austral sean utilizadas por organizaciones criminales.