La interna entre la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y su principal prestador privado en Ushuaia escaló a un nivel crítico. Adriana Inés Soria, directora por los trabajadores activos, presentó una denuncia formal ante el Directorio del organismo contra la Clínica San Jorge, a la que acusa de aplicar restricciones que afectan directamente el acceso a la atención médica de empleados públicos.

Según la presentación, el conflicto se disparó tras una comunicación del sanatorio que anticipaba posibles limitaciones en sus servicios. Pero, de acuerdo con lo denunciado, la medida ya estaría en marcha: un cupo de apenas siete turnos diarios para la atención ambulatoria de afiliados de OSEF. El reclamo sostiene que la restricción se aplica de manera discrecional, sin contemplar urgencias ni el orden de llegada, mientras otras obras sociales y prepagas continuarían atendiendo con normalidad.

Soria fundamentó su acusación en el convenio firmado en septiembre de 2025, que —según indicó— obliga al prestador a garantizar una cobertura integral y sin trato desigual. Además, remarcó que el esquema de facturación se basa en el cobro por prestación, por lo que, a su criterio, no habría un argumento económico ni contractual válido para rechazar o limitar pacientes.

Otro de los puntos centrales del escrito es la supuesta utilización de una “posición dominante” en el mercado sanitario local. La denuncia afirma que, por su capacidad de internación y diagnóstico en la capital provincial, la clínica tendría un peso determinante y lo usaría para imponer condiciones unilaterales, dejando a los afiliados en una situación de vulnerabilidad pese a los aportes mensuales que realizan para su cobertura.

En el tramo más duro, la directora reclamó una intervención inmediata de los representantes del Ejecutivo en el Directorio, Mariana Hruby y Gustavo García. En ese marco, solicitó que se intime a la clínica a normalizar las prestaciones en un plazo de 48 horas y que, de no cumplirse, se avance con sanciones o incluso con la rescisión del contrato.

La presentación también busca dejar constancia política del debate interno: pide que cada integrante del Directorio asiente su voto en actas para que los afiliados conozcan la postura de cada representante. Incluso cita el legado de René Favaloro como referencia ética contra las lógicas de lucro en la medicina.

Por último, el petitorio incluye la solicitud de dictámenes jurídicos urgentes y la intervención de organismos de control, tanto provinciales como nacionales, para evaluar la conducta denunciada y garantizar el acceso a la atención sin restricciones.