La expansión del senderismo en Tierra del Fuego viene acompañada por un dato que preocupa: según un informe, entre 2023 y 2025 —y con operativos que siguieron registrándose en el arranque de 2026— el Estado fueguino, tanto a nivel municipal como provincial, ya destinó más de 600.000 dólares a tareas de búsqueda y rescate en zonas de montaña.

El crecimiento de visitantes en los senderos es sostenido. Caminos que antes recorrían casi exclusivamente personas con experiencia hoy reciben a un público más amplio, con niveles muy distintos de preparación física y conocimiento del terreno. Ese cambio se refleja en un aumento de pedidos de auxilio durante todo el año, incluso en invierno, cuando el riesgo se multiplica.

Los registros disponibles muestran que en la temporada 2023–2024 se asistió a 117 personas en sectores de montaña. En 2025, el número volvió a superar el centenar y, en las primeras semanas de 2026, ya hubo nuevas intervenciones. Para estimaciones prudentes, se toma como referencia un promedio de alrededor de 80 rescates anuales que implicaron una movilización efectiva de recursos humanos y materiales.

Detrás de cada salida hay costos concretos. Informes técnicos citados como base indican que un operativo estándar ronda los 8.650 dólares, considerando rescatistas, vehículos, combustible, comunicaciones y desgaste de equipamiento. Para el cálculo general se adoptó un promedio conservador de 8.500 dólares por intervención, lo que lleva el gasto acumulado de estos años por encima de los 600.000 dólares. Ese número, además, no contempla la atención médica posterior ni otros costos indirectos que aparecen después de cada emergencia.

La complejidad cambia según el lugar y el clima. Hay sectores donde la asistencia suele resolverse con equipos terrestres y un despliegue más acotado, como puede ocurrir en áreas como Estancia Túnel. En cambio, incidentes en sitios como el Glaciar Ojo del Albino, lagunas de altura o zonas expuestas en temporada invernal requieren más personal, más horas de trabajo y, en determinados casos, apoyo aéreo con helicóptero, lo que eleva de forma notable el costo final.

Otro punto clave es la falta de cobertura de quienes realizan la actividad. En la mayoría de los casos, las personas auxiliadas no cuentan con seguros de accidentes personales ni pólizas específicas para actividades de riesgo. De ese modo, el costo del operativo recae sobre el Estado, y por lo tanto sobre el conjunto de los fueguinos. Si además no tienen obra social, la atención posterior se absorbe en el sistema público de salud, sumando presión sobre hospitales y recursos sanitarios.

Con los operativos activándose cada vez que hay una emergencia, el informe vuelve a poner sobre la mesa un debate: senderistas habituales plantean que, así como se informa la dificultad de cada recorrido, también debería indicarse un costo estimado de rescate. La idea apunta a que quienes salen a la montaña dimensionen el esfuerzo real que demanda cada intervención y el impacto que termina financiándose con fondos públicos, en uno de los entornos naturales más exigentes del país.