El proyecto presentado por el bloque del Movimiento Popular Fueguino (MPF) en la Legislatura busca regular las “desobligaciones” docentes, que son medidas impulsadas por el gremio SUTEF y que implican suspender clases durante ciertas horas o días, sin ser consideradas paros formales.

Establece reglas claras para las desobligaciones, fijando que son equivalentes a “paros parciales” y deben cumplir ciertos requisitos legales.
Obliga al sindicato SUTEF a notificar con al menos 3 días hábiles de anticipación cualquier desobligación que quiera realizar.
Dispone que el Ministerio de Educación certifique quiénes adhieren a estas medidas.
Ordena descontar del salario las horas o jornadas no trabajadas por los docentes que participen en las desobligaciones.
Fundamenta que así se protege el derecho de los alumnos a recibir clases en igualdad de condiciones, evitando que queden sin actividad escolar de manera arbitraria.

Según el MPF, la ley es necesaria porque —afirman— actualmente las desobligaciones son usadas como una “modalidad encubierta y abusiva” de medida de fuerza, que no respeta los procedimientos que la ley establece para un paro formal y que tampoco tiene consecuencias salariales.