La discusión parlamentaria sobre la reforma laboral enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso puso en el centro una pregunta clave: ¿las modificaciones alcanzarán solo a los nuevos empleos o también a los contratos que ya están vigentes? El alcance temporal de la iniciativa se transformó en uno de los puntos más sensibles del debate político, jurídico y sindical.

Desde el Gobierno nacional, la postura es clara. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó que los cambios previstos en la Ley de Contrato de Trabajo tendrán aplicación general en el sector privado. Según explicó, al tratarse de una reforma legal que modifica y deroga artículos de la LCT, su alcance no distingue entre relaciones laborales preexistentes y nuevas contrataciones.

El funcionario sostuvo que la iniciativa redefine reglas sobre indemnizaciones, licencias, litigiosidad, organización de la jornada y otros aspectos centrales del vínculo laboral, y que esas pautas rigen para todos los trabajadores una vez que la ley entre en vigencia. En ese sentido, remarcó que no se trata de regímenes optativos, sino de una actualización normativa de alcance general.

Sin embargo, desde el ámbito del derecho laboral surgieron interpretaciones más cautelosas. Especialistas advirtieron que la aplicación automática de ciertos cambios sobre contratos en curso podría entrar en tensión con principios básicos del derecho del trabajo, especialmente en lo referido a los derechos adquiridos.

El abogado laboralista Julián A. de Diego explicó que el sistema jurídico distingue entre derechos ya consolidados y derechos en expectativa. Los primeros —como condiciones salariales o beneficios ya incorporados al contrato— no pueden ser modificados en perjuicio del trabajador, aun cuando exista una nueva ley. En cambio, los segundos podrían adaptarse a la nueva normativa si no implican una pérdida de derechos.

Desde esta mirada, el debate no gira en torno a la retroactividad de la ley, sino a su aplicación hacia adelante y a los límites que impone el orden público laboral. Según los especialistas, cualquier cambio que reduzca condiciones ya establecidas podría ser cuestionado judicialmente, aun cuando la norma tenga alcance general.

En este marco, la definición sobre a quiénes aplica efectivamente la reforma podría terminar resolviéndose no solo en el Congreso, sino también en los tribunales, a partir de los casos concretos que surjan una vez que la norma entre en vigencia. Mientras tanto, el alcance real de la reforma sigue siendo uno de los ejes centrales de la discusión pública.