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Provinciales

Castiglione advirtió por la crisis en Aires del Sur y defendió la intervención del Estado ante el conflicto

La ministra de Trabajo de Tierra del Fuego, Sonia Castiglione, se refirió al complejo escenario que atraviesa la empresa Aires del Sur y alertó por el impacto directo que la situación ya tiene sobre el empleo en la provincia. En declaraciones a FM La Isla, cuestionó con dureza la conducta de la firma y remarcó que desde el Ejecutivo se agotarán todas las herramientas legales disponibles para resguardar los derechos de los trabajadores.

“La verdad es que lo mínimo que se espera cuando hay una intención de hacer bien las cosas es sentarse a una mesa a hablar y decir cómo son las cosas”, manifestó la funcionaria, dejando en evidencia la preocupación oficial ante lo que describió como una falta de voluntad de diálogo por parte del nuevo directorio.

El conflicto se desató tras la denuncia de los empleados, quienes informaron que solo percibieron el 25% de los salarios correspondientes a enero y que existen deudas vinculadas a premios por productividad. Desde el Ministerio se convocó rápidamente a una audiencia. “La primera audiencia fue en la primera semana de febrero, luego del vencimiento del pago de haberes”, explicó Castiglione. Sin embargo, detalló que después de ese primer encuentro hubo “cuatro o cinco audiencias más” sin resultados concretos, ya que la empresa no envió representantes con facultades para tomar decisiones.

Según indicó, la firma modificó su directorio entre octubre y noviembre del año pasado, pero nunca formalizó ante el Estado provincial quiénes integran actualmente su conducción. “En cada convocatoria solicitábamos la presencia de alguien del directorio que tuviera poder de decisión. Eso nunca ocurrió”, afirmó. En lugar de asistir personalmente, la compañía remitió presentaciones escritas a través de su representante legal en Río Grande, sin participación directa de sus autoridades.

Frente al agravamiento del conflicto, el Ministerio dictó la conciliación obligatoria con el objetivo de preservar la paz social y abrir una instancia de negociación. Paralelamente, la empresa inició un pedido de quiebra. Para la ministra, ambas situaciones generan una fuerte contradicción. “Cuando dicen que no pueden cumplir con la conciliación obligatoria, implícitamente están diciendo que no se pueden sentar a dialogar o que no pueden dejar de despedir gente”, sostuvo. También deslizó sospechas sobre la estrategia judicial adoptada por la firma: “Es bastante probable que estén tratando de dilatar algunos plazos, vaya a saber por qué”.

Consultada sobre antecedentes similares en la provincia, Castiglione reconoció que existen experiencias previas que dejaron secuelas profundas. “Es real lo que usted dice. Lo hemos visto en los ‘90 y lo hemos visto entre 2015 y 2019. Básicamente es la forma que tienen algunas empresas de cerrar las puertas y dejar a la gente librada a su suerte”, señaló. En esa línea, fue categórica al advertir: “Es muy finita la línea entre quiebra y vaciamiento”. Recordó además que en otros conflictos los propios trabajadores optaron por resguardar las plantas para impedir el retiro de bienes que pudieran servir como garantía para el pago de salarios e indemnizaciones.

En medio del debate, desde el gremio ASIMRA se planteó públicamente que el Ministerio cuenta con “poder de policía” para obligar a comparecer a los directivos que no asisten a las audiencias. Castiglione confirmó la existencia de esa herramienta. “Es real, es una herramienta y de hecho lo hemos hecho en varias oportunidades, al menos en mi gestión en tres o cuatro oportunidades”, indicó. No obstante, aclaró que el obstáculo actual no es la presencia formal en una audiencia, sino la ausencia de autoridades con capacidad resolutiva en la provincia. “Cualquier representante que podamos hacer comparecer en Río Grande no tiene ningún tipo de poder de decisión. Incluso la parte gerencial tiene poca información sobre los destinos de la empresa”, explicó. También subrayó las limitaciones jurisdiccionales: “Yo no puedo disponer de personal policial de la Ciudad de Buenos Aires. Esa es la limitación que se tiene. Solo puede hacerlo la Justicia”. En ese contexto, consideró que forzar la asistencia de representantes sin facultades reales “realmente no tiene demasiado sentido”, ya que el núcleo del conflicto permanecería intacto.

La ministra aseguró que se continuarán convocando audiencias, incluso con frecuencia diaria si es necesario, para dejar constancia de la conducta empresarial. “Eso va a generar un antecedente frente a procesos judiciales que puedan llegar a presentar los trabajadores en el futuro”, explicó.

Más allá del caso puntual de Aires del Sur, Castiglione ofreció un panorama general del mercado laboral fueguino que encendió señales de alarma. “Estamos alrededor de los 6.100 puestos de trabajo perdidos a enero, registrados”, reveló. También mencionó suspensiones en distintos sectores industriales, particularmente en electrónica y en el rubro textil, que pasó de contar con 1.050 trabajadores a menos de 300 en apenas dos años. “El problema ahora no es solo si somos competitivos o no. El problema es que no se vende”, advirtió, en referencia a la caída del consumo que golpea con fuerza a la producción de electrónicos y celulares.

La funcionaria indicó que la provincia trabaja de manera articulada con el Ministerio de Producción para ajustar herramientas que permitan sostener la actividad, aunque reconoció que el contexto macroeconómico nacional condiciona seriamente las posibilidades locales. “Estamos absolutamente expectantes”, expresó.

En el tramo final de la entrevista, insistió en la necesidad de responsabilidad empresaria y en la vigilancia permanente ante posibles maniobras que afecten a los trabajadores. “Hay que seguir trabajando, intentando dialogar, intentando buscar soluciones y estar atentos a todas las maniobras que puedan llegar a generarse que puedan perjudicar a los trabajadores”, afirmó.

Con la vía judicial en marcha y un escenario económico adverso, el Gobierno provincial mantiene la postura de defender el empleo y exigir diálogo. La definición que dejó la ministra sintetiza la posición oficial frente al conflicto: “Lo mínimo que se espera es sentarse a una mesa a hablar”.

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