La medida, que comenzó a regir desde las 00 horas del viernes 11 de junio, tendrá una vigencia inicial de 15 días. Durante este período, el gremio deberá cesar todas las acciones directas previstas y garantizar la prestación de los servicios de forma normal, mientras las negociaciones continúan bajo el marco de la conciliación.

Por otro lado, el Ministerio que lidera Sandra Pettovello también intimó a la EANA a dejar sin efecto los despidos ejecutados recientemente, al menos mientras dure este proceso conciliatorio. El objetivo es retrotraer la situación laboral al punto previo al inicio del conflicto.

Previo a esta decisión, ATEPSA había anunciado un extenso cronograma de paros que planeaba desplegar entre el 11 y el 30 de julio, afectando vuelos nacionales e internacionales en un período clave para el turismo interno. Este calendario generó fuertes críticas tanto desde el Gobierno como desde el sector privado.

Organizaciones como la Cámara Argentina de Turismo (CAT) advirtieron sobre el enorme impacto que hubieran tenido las medidas de fuerza. “El turismo no puede quedar rehén de los conflictos laborales”, señalaron, manifestando su preocupación por las consecuencias económicas y operativas para toda la cadena que depende de la actividad.

Desde las aerolíneas también llegaron duros cuestionamientos. La Cámara de Líneas Aéreas en Argentina (JURCA), la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) calificaron la medida gremial como “innecesariamente oportunista”, debido a la elección de fechas que coinciden con el receso escolar.

Según estas entidades, el paro hubiera ocasionado pérdidas millonarias no solo para las compañías aéreas, sino para hoteles, agencias de viajes y comercios vinculados al turismo. Además, resaltaron que reprogramar los vuelos o reagrupar pasajeros en horarios alternativos resultaba inviable por cuestiones de seguridad y de capacidad operativa.

Desde la Casa Rosada, en tanto, remarcaron que “el Estado Nacional tiene el deber de garantizar la continuidad de los servicios esenciales para sus ciudadanos y resguardar el interés público, sin desatender los derechos laborales ni los mecanismos de negociación colectiva”. Así, la conciliación obligatoria busca dar una pausa al conflicto y crear un espacio para llegar a un acuerdo que no perjudique al resto de la sociedad.