La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) confirmó una medida de fuerza para el próximo 6 de agosto, con paro y movilización, en defensa de la industria fueguina, los puestos de trabajo y ante la falta de homologación de acuerdos salariales.

Marcos Linares, secretario adjunto de la UOM Río Grande, describió la situación como de “profunda preocupación y mucha incertidumbre”. Explicó que la organización viene reclamando desde hace más de 40 días la homologación de un acuerdo salarial alcanzado con las cámaras empresarias, el cual sigue sin ser oficializado por la Secretaría de Trabajo de la Nación.

“Lamentablemente han pasado todos los plazos de ley y aún así no existe la correspondiente homologación. Esto genera un deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores y una situación de incertidumbre que es insostenible”, señaló Linares.

El acuerdo, que contemplaba aumentos en cinco tramos hasta el mes de agosto con revisión en septiembre, fue firmado por las partes, pero su aplicación quedó en suspenso ante la falta de oficialización. “En Tierra del Fuego las empresas lo están abonando como adelanto, pero no como corresponde. Esto agrava aún más la situación”, advirtió.

Frente a este panorama, el Congreso de Delegados de la UOM resolvió por unanimidad convocar a un paro con movilización para el martes 6 de agosto, medida que fue ratificada en las asambleas con la participación de las y los trabajadores.

Consultado sobre los contactos con el sector empresario y el Gobierno Nacional, Linares indicó que “se han llevado a cabo varias reuniones”, pero hasta el momento no se ha conseguido la confirmación de un nuevo encuentro que permita avanzar en soluciones concretas. “Estamos expectantes de la próxima reunión, pero la verdad es que no tenemos fecha cierta, y mientras tanto seguimos sin resolver nada”, subrayó.

Uno de los principales reclamos de la UOM es la necesidad de frenar la implementación del segundo tramo del decreto que baja los aranceles del 8% al 0%, lo que impactaría directamente en la producción y los puestos de trabajo. “Planteamos que no se aplique, o al menos que se prorrogue la puesta en práctica, para ganar tiempo y buscar alternativas, pero tampoco se llegó a resolver”, manifestó Linares.

El dirigente metalúrgico también se refirió a la reglamentación de la venta puerta a puerta, recientemente publicada, y señaló que el Gobierno Nacional la presentó como una posible vía de compensación ante la baja de aranceles. Sin embargo, fue contundente al señalar que “esa evaluación la tiene que hacer el sector empresario”, y que desde el gremio lo único que buscan es “garantizar la continuidad de los puestos de trabajo y la producción en Tierra del Fuego”.

“La verdad es que seguimos sin tener al detalle cómo impactará esta medida. El problema de fondo sigue siendo la estructura de costos y la cadena de comercialización, que no está sentada en la mesa de discusión”, remarcó.

Linares hizo hincapié en un problema estructural que agrava la crisis: la ausencia en la mesa de diálogo de quienes definen los precios al consumidor. “Se retacea la información y no están sentados aquellos que le ponen el precio a las cosas. Mientras esto siga así, será muy difícil encontrar soluciones”, alertó.

Como ejemplo, recordó que durante el conflicto inicial por el decreto, un aire acondicionado que salía de fábrica a 350 mil pesos se vendía a una cuadra a un millón, debido a la cadena de intermediarios. “Si no se revisa eso, es muy difícil pensar en un camino de salida”, enfatizó.

El dirigente también cuestionó los acuerdos de confidencialidad que algunas empresas tienen con cadenas de comercialización, lo que impide conocer con precisión el origen de los sobreprecios. “Da la impresión de estar en un laberinto sin salida, donde el tiempo pasa, la incertidumbre crece y el temor de los trabajadores aumenta”, concluyó.