Las recientes decisiones del Gobierno Nacional sobre la eliminación de aranceles a las importaciones y la revisión del régimen promocional encendieron la alarma entre los empresarios fueguinos. Alberto Garófalo, presidente de CAFIN, manifestó su inquietud al respecto en declaraciones radiales, señalando que el sector esperaba cambios, pero no con la velocidad con la que se están implementando. Garófalo lamentó que la falta de una transición planificada hacia nuevas actividades productivas podría generar una fuerte ola de desempleo.

El dirigente recordó que el desmantelamiento de la matriz industrial de Tierra del Fuego no es nuevo y que el primer golpe lo recibió la industria textil durante el gobierno anterior. “Comenzó con una exclusión injustificada de los beneficios promocionales y se reincorporó al sector, pero bajo condiciones desiguales, lo que derivó en el cierre de la mitad de las fábricas textiles y la pérdida de cientos de empleos”, subrayó.

Ahora, según Garófalo, el sector electrónico se encuentra en el centro de la escena, aunque la nueva normativa afecta de manera indirecta: “La baja de aranceles es una decisión de política económica general, pero el mayor impacto recae sobre la industria fueguina”. Esta medida, advirtió, consolida una tendencia de pérdida de puestos de trabajo y reducción de la actividad productiva en la provincia.

En cuanto al trasfondo de la ley de promoción industrial, el empresario consideró que siempre tuvo un objetivo geopolítico más que económico y que el contexto actual evidencia un cambio de prioridades a nivel nacional. “Hoy el gobierno no parece compartir la preocupación por el poblamiento territorial que originó el régimen promocional. Por eso, los beneficios pierden sentido”, explicó.

Garófalo hizo referencia también a los intentos de reconversión productiva a través del FAMP, aunque reconoció que los avances han sido mínimos por la falta de financiamiento y de inversiones en infraestructura. “Sin un puerto en Río Grande ni nuevas obras relevantes desde hace décadas, el proceso de diversificación industrial avanza con recursos privados, pero a un ritmo muy lento. Por ahora, la capacidad de generar nuevos empleos es prácticamente nula”, reconoció.

Para finalizar, el titular de CAFIN advirtió sobre el alto costo social que implica acelerar los plazos de reconversión sin un plan de contención adecuado, y cuestionó que se tomen decisiones de impacto tan profundo sin contemplar una transición que proteja a los trabajadores y sus familias.