El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ordenó la incautación de toda la carga del Zhen Fa 7, un buque potero chino que operó en el Atlántico Sur, frente a la Patagonia argentina, hasta junio de este año. La medida se tomó tras comprobar graves violaciones a los derechos humanos, como trabajo forzoso, violencia sexual y retención de identidad, según informó la autoridad norteamericana.

Uno de los casos más estremecedores vinculados a la embarcación es el de Daniel Aritonang, un marinero indonesio que se enfermó por pésima alimentación, no fue atendido a tiempo y falleció al día siguiente de ser desembarcado de urgencia en Montevideo, puerto base del pesquero. El hecho salió a la luz gracias a una investigación de Outlaw Ocean.

Durante más de una década, el Zhen Fa 7 operó en zonas de alta biodiversidad, primero en el Pacífico Sur y luego en el Atlántico Sur, donde estuvo activo hasta el 16 de junio. Según la Unidad de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU., la embarcación presentó múltiples indicadores de trabajo esclavo establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El especialista en pesca ilegal, Milko Schvartzman, destacó la relevancia de la medida:

“Estados Unidos tiene normas para la importación y algunas tienen que ver con prohibir productos que tengan que ver con la pesca ilegal o de abuso de derechos humanos”, explicó a TN. Además, señaló que la incautación “es excepcional y está respaldada por pruebas contundentes”.

Un puerto cuestionado y acuerdos polémicos

El pesquero sancionado utilizaba como base el Puerto de Montevideo, considerado un punto crítico por la falta de controles sobre la legalidad de las cargas y las condiciones de vida de las tripulaciones. “Esta sanción del Zhen Fa 7 es muy importante porque es un caso que demuestra cómo algunos puertos son cómplices de estos casos como el de Montevideo”, advirtió Schvartzman.

En enero de 2025, la provincia de Santa Cruz avanzó en acuerdos logísticos con empresas chinas, pese a los antecedentes de explotación laboral y pesca ilegal que rodean a varias flotas extranjeras.

Impacto ambiental y reclamo internacional

La pesca INDNR (Ilegal, No Declarada y No Reglamentada) provoca un fuerte daño a los ecosistemas marinos y afecta a la economía pesquera legal. En 2022, la Organización Mundial del Comercio (OMC) aprobó el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca, que prohíbe el financiamiento a flotas ilegales, pero aún no entra en vigor porque necesita la ratificación de más países.

Argentina aprobó este acuerdo y el tratado de la Organización Marítima Internacional (OMI) para mejorar la seguridad en la pesca, pero ambos permanecen sin ratificación por el Poder Ejecutivo. “La Argentina debería ratificar el acuerdo de la OMC y así tendríamos menos de estos casos”, concluyó Schvartzman.