
Mientras el Gobierno nacional se prepara para enviar su propia reforma laboral al Congreso, sectores de la oposición retomaron la discusión sobre la jornada laboral e intentan avanzar con un dictamen alternativo la próxima semana. La propuesta, encabezada por el diputado radical Martín Tetaz, cuenta con el respaldo de varios bloques dialoguistas, aunque enfrenta el rechazo de la izquierda y el kirchnerismo.
El proyecto busca establecer un esquema de "Jornada Laboral Alternativa" que, sin alterar el límite legal de 48 horas semanales, permita a cada sector definir en sus convenios colectivos la distribución de horas según las características de la actividad. Las opciones incluirían jornadas más largas en menos días o jornadas más cortas distribuidas en la semana.
Según Tetaz, la iniciativa está inspirada en modelos de flexibilidad laboral como el de Alemania, permitiendo también contrataciones de tiempo parcial, lo que, afirma, facilitaría el ingreso al mercado de trabajo para sectores hoy excluidos. También se plantea un período de prueba de tres a seis meses antes de su implementación definitiva en cada rubro.
Desde el kirchnerismo se advierte que el proyecto no cuenta con el respaldo sindical y que podría incluso ser declarado inconstitucional. El abogado laboralista Gustavo Ciampa calificó la iniciativa como "un retroceso de 100 años" y remarcó que los convenios no pueden acordar condiciones por debajo de lo establecido por ley.
Por su parte, el oficialismo tiene en carpeta una reforma laboral más profunda que incluiría modificaciones como la extensión del período de prueba a seis meses, la creación de un fondo de cese laboral y un régimen más flexible para pymes con hasta 12 empleados.
También se prevé un sistema que permitiría a las empresas implementar bancos de horas, con posibilidad de reorganizar las jornadas según sus necesidades, así como multitarea y condiciones laborales que podrían vulnerar el principio de irrenunciabilidad.
Mientras tanto, el Congreso se prepara para una semana de tensiones entre dos modelos: uno que promueve la flexibilidad y acuerdos entre partes, y otro que busca la reducción de la jornada laboral con respaldo sindical. El debate vuelve a estar en el centro de la escena legislativa, mientras se espera el contenido definitivo del proyecto oficialista.
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