La ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de Tierra del Fuego, Adriana Chapperón, advirtió sobre el deterioro de las condiciones sociales en la provincia, en un contexto donde la inflación persiste, los ingresos no alcanzan y la demanda de ayuda estatal no para de crecer.

En una entrevista reciente, la funcionaria detalló que actualmente alrededor de 28 mil personas reciben asistencia alimentaria directa, a través de módulos y de la tarjeta Bienestar, herramienta clave que permite cubrir necesidades básicas como alimentos e higiene personal. Además, se está fortaleciendo la asistencia en comedores escolares, incluso durante el receso invernal y en horarios nocturnos, en coordinación con el Ministerio de Educación.

Uno de los mayores desafíos que enfrentan los equipos del Gobierno provincial tiene que ver con la dificultad creciente para acceder a alquileres. Chapperón explicó que en ciudades como Ushuaia muchos propietarios priorizan el turismo por sobre los residentes locales, lo que empuja a más familias a situaciones de hacinamiento o riesgo habitacional.

La ministra también señaló que los aumentos de tarifas y servicios impactan incluso a personas con empleo: “Hay quienes trabajan y no pueden pagar servicios, ni salud”, dijo. A esto se suman casos de trabajadores con contratos suspendidos o directamente sin ingresos, en una coyuntura que sigue tensionando al sector industrial.

Frente a este escenario, la provincia participará de una reunión nacional esta semana, con la expectativa de conseguir respaldo financiero para sostener los programas sociales. “Hoy todo lo estamos sosteniendo con recursos provinciales, pero son limitados”, afirmó Chapperón.

La situación se vuelve más crítica si se considera que, aunque la inflación parece haberse desacelerado, los precios no bajaron. Y el costo de vida en la región patagónica sigue siendo mucho más alto que en otras zonas del país. “En Tierra del Fuego, quedar en la calle puede tener consecuencias graves por el clima”, alertó.

En otro tramo de la entrevista, Chapperón se refirió al funcionamiento de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI). Si bien reconoció que hay demandas de mejoras y limitaciones operativas, remarcó que actualmente no se puede ampliar la planta de personal por restricciones presupuestarias. Aun así, se avanza en la apertura de un nuevo CDI en Ushuaia, en articulación con el sistema educativo formal.

Estos espacios también permiten detectar situaciones de vulnerabilidad grave, como violencia intrafamiliar o abuso, y representan un primer punto de contacto con muchas familias. “Los centros cumplen un rol fundamental en la detección temprana de problemáticas sociales”, aseguró la ministra.

Por otro lado, al ser consultada sobre ciertos reclamos gremiales, Chapperón sugirió que algunas demandas de infraestructura esconden pedidos salariales que exceden lo pactado en paritarias. “El Gobierno privilegió los sueldos frente a cualquier otro gasto. No hay margen para nuevas mejoras salariales por fuera de lo ya acordado”, aclaró.

De cara a los próximos meses, el Gobierno provincial reforzará los mecanismos de control y asignación de la asistencia. Se trabaja con el área de Acceso a la Justicia para solicitar colaboración alimentaria a familiares cuando corresponda legalmente, evitando que se superpongan ayudas o se canalicen recursos innecesarios.

“La asistencia debe ser ordenada, no desbordada. Nuestro objetivo es garantizar que llegue a quienes realmente lo necesitan”, concluyó Chapperón, subrayando que la salud y la alimentación son derechos, no privilegios, aunque hoy ese principio muchas veces no se cumple.