
La Resolución 347/2025, publicada recientemente en el Boletín Oficial, detalla que este seguro podrá funcionar como un seguro colectivo de vida con componente de ahorro o bien como un seguro colectivo de retiro, siempre en el marco regulado por el Decreto 847/2024 y los artículos 8 y 21 de su anexo.
Irene Capusselli, presidenta de AVIRA —la Asociación de Aseguradoras de Vida y Retiro de Argentina— destacó que este seguro surge como una herramienta voluntaria para reemplazar la indemnización por antigüedad. “El Seguro de Fondo de Cese Laboral permite simplificar el proceso cuando termina una relación laboral, asegurando los fondos para el pago y generando previsibilidad para ambas partes”, explicó.
Además, este modelo propone incentivar la formalización del empleo y modernizar el vínculo entre empresas y empleados, al ofrecer un régimen alternativo acordado colectivamente. Desde AVIRA también remarcaron el potencial que tiene para dinamizar el mercado asegurador y fomentar el ahorro interno.
El sistema funcionará mediante aportes periódicos que realizará el empleador a una cuenta especial abierta a nombre del trabajador en la aseguradora de vida o de retiro. Esos montos irán conformando un saldo que se utilizará para indemnizar en caso de un despido. Por su parte, el empleado también podrá realizar depósitos voluntarios en una cuenta individual de libre disponibilidad.
Los fondos aportados por el empleador serán invertidos a través de carteras específicas que buscarán maximizar el rendimiento. Cabe destacar que estos recursos serán inembargables y solo podrán retirarse si se produce la desvinculación laboral conforme lo estipule la póliza y el convenio colectivo vigente.
El Decreto 847, dictado en septiembre de 2024, ya había delineado el esquema del Sistema de Cese Laboral, un régimen alternativo que habilita a sustituir la indemnización tradicional por este tipo de instrumentos siempre que exista acuerdo en la negociación colectiva. La propuesta de las aseguradoras fue presentada formalmente por AVIRA junto con otras entidades del sector ante la Superintendencia, impulsando así un cambio significativo en la forma de afrontar las indemnizaciones en el país.
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