La preocupación por la crisis educativa en Tierra del Fuego alcanzó los tribunales. Un grupo de familias cuyos hijos asisten a la Escuela Nº 32 “Iyu que deja Huellas”, ubicada en la calle Prefectura Naval de Río Grande, decidió presentar un recurso de amparo contra el Gobierno provincial. El objetivo es que la Justicia obligue a garantizar el normal desarrollo del ciclo lectivo, tras una alarmante cantidad de jornadas sin clases.
Un recurso que busca garantizar derechos básicos
El amparo, patrocinado por el abogado Francisco “Paco” Giménez, se centra en la responsabilidad del Estado más que en los docentes. “Los padres calcularon que en lo que va del ciclo 2025 apenas se cumplieron cerca del 30% de los días de clase. De 180 previstos, los chicos habrán asistido a alrededor de 60. Esto es una vulneración del derecho a la educación que tendrá consecuencias irreparables”, advirtió el letrado.Los fundamentos señalan que la situación se debe a la combinación de paros, asambleas, desobligaciones y problemas de infraestructura que se repiten año tras año en la provincia.
El antecedente de 2008 como respaldo
El escrito judicial recuerda un caso similar ocurrido en 2008, cuando un amparo contra el gobierno de Fabiana Ríos obligó a reanudar las clases por orden de la Justicia. Con ese precedente, Giménez manifestó confianza en que la presentación actual tenga rápida resolución.Además, se solicitó una medida cautelar que permita a los jueces resolver de inmediato, sin esperar la respuesta del Ejecutivo. “Pedimos que sea ‘inaudita parte’ porque la gravedad del problema no admite demoras”, puntualizó el abogado.
Una advertencia sobre el futuro educativo
El patrocinante calificó la situación como una “tragedia educativa” y llamó a los padres a no quedarse solo en la protesta pública. “Este no es un problema de una escuela, sino de todo el sistema. Otras familias podrían recurrir al mismo camino legal para defender el derecho de sus hijos a aprender”, remarcó.
Expectativa por la decisión judicial
La presentación fue realizada esta semana y se espera que la Justicia resuelva en los próximos días. Los padres confían en que, a partir del lunes o martes, pueda ordenarse la normalización de las clases en la Escuela 32.El reclamo de las familias es contundente: no cuestionan las medidas gremiales, sino lo que consideran una inacción del Gobierno provincial. “El derecho de huelga es legítimo, pero la obligación del Estado es garantizar que los chicos no pierdan la educación que les corresponde”, concluyó Giménez.
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