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Vecinos alertan sobre un esquema que convierte espacios públicos en negocios privados

En Tierra del Fuego, organizaciones sociales y vecinos advierten sobre la consolidación de un esquema que, amparado en el discurso de la conservación, facilita la apropiación de espacios públicos para fines privados. Los casos del Hípico de Ushuaia y de Península Mitre aparecen como ejemplos de un modelo que combina recursos estatales, complicidad política y ausencia de controles.

Antecedentes en el Hípico

El origen de las críticas se remonta al año 2015, cuando el proyecto de urbanización en el predio del Hípico fue frenado en el Concejo Deliberante por la falta de documentación sobre la titularidad de las tierras. El plan, impulsado por Adolfo Imbert, buscaba transformar un espacio recreativo en un barrio privado, dejando en evidencia la utilización de tierras comunitarias para negocios inmobiliarios.

El caso Península Mitre

Con el tiempo, señalan los denunciantes, la lógica se trasladó a la Península Mitre, declarada Área Natural Protegida. Allí, la Asociación Civil Conservación Península Mitre, también presidida por Imbert, se posicionó como actor clave. Sin embargo, caminantes y pobladores reportaron hechos que contradicen la narrativa de conservación: alambrados que restringen accesos históricos, tala de bosque nativo, retiro de baguales y controles privados sobre tierras fiscales. Al mismo tiempo, la Estancia Policarpo se promociona como destino turístico y ganadero pese a no contar con un plan de manejo ambiental aprobado.

Recursos públicos bajo sospecha

El esquema se habría fortalecido con fondos del fideicomiso FOBOSQUE, creado en 2017 para financiar proyectos ambientales y disuelto en 2024 tras detectarse irregularidades en la rendición de cuentas. Hasta hoy se desconoce con exactitud qué organizaciones recibieron el dinero y en qué se utilizó. En paralelo, la provincia continúa sin brigadistas ni bomberos rurales equipados para enfrentar emergencias forestales.

Actores y complicidades

Además de Imbert, los cuestionamientos alcanzan al comerciante Darío Urruty, señalado como socio operativo. Su actividad incluye expediciones ecuestres y turismo aventura en Península Mitre y el Hípico, junto con acusaciones de ganadería sin controles sanitarios y venta informal de carne dentro de una reserva natural.

Críticas al Estado

El Ministerio de Producción y Ambiente aparece en el centro de las críticas por su inacción. La falta de sanciones y de fiscalización, sostienen las organizaciones, permitió que se consolide un modelo de “conservación en el discurso y explotación en los hechos”.

El interrogante abierto

“¿Hasta cuándo lo público seguirá transformándose en negocio privado mientras el Estado mira hacia otro lado?”, se preguntan los denunciantes, quienes aseguran que los antecedentes muestran un patrón difícil de revertir sin voluntad política.

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