Los créditos de ANSES, eliminados por el Decreto 421/2025, podrían volver a escena a través del Congreso. Un grupo de diputados de distintos bloques opositores presentó un proyecto de ley para reactivar esta línea de financiamiento desde este año, pero con reglas diferentes y un objetivo puntual.

La iniciativa se llama “Programa de desendeudamiento de las familias argentinas” y empezaría a discutirse formalmente a partir del 1° de marzo, cuando se abran las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional.

El corazón de la propuesta es cambiar el destino del dinero: no se permitiría usar el préstamo para consumo, compras generales ni extracción de efectivo. En su lugar, el crédito serviría exclusivamente para cancelar deudas ya existentes, como saldos de tarjetas o compromisos con bancos, financieras, fintechs, mutuales u otras entidades.

Según el texto, la intención es ofrecer una salida más controlada para quienes hoy terminan recurriendo a préstamos con tasas elevadas, especialmente en sectores con menor acceso al sistema bancario tradicional.

El proyecto amplía el universo de posibles beneficiarios. Podrían solicitar el crédito: jubilados y pensionados del SIPA (hasta seis haberes mínimos), titulares de AUH, Asignación por Embarazo, Pensiones No Contributivas (PNC), trabajadores registrados con ingresos de hasta seis salarios mínimos, personal doméstico registrado bajo la Ley 26.844 y monotributistas de las categorías A, B, C y D.

En cuanto a las condiciones, fija un monto máximo de hasta $1.500.000 por persona, con actualizaciones automáticas ligadas al Salario Mínimo, Vital y Móvil. La tasa sería TAMAR + 10 puntos, con el argumento de que quedaría por debajo de los costos habituales del financiamiento con tarjeta. Además, se establece un tope: la cuota no podría superar el 30% del ingreso neto del solicitante.

La operatoria sería 100% digital desde la web de ANSES. Al cargar la solicitud, el beneficiario tendría que informar dónde mantiene la deuda, y el organismo transferiría el dinero directamente a esa entidad para cancelar el saldo. Luego, el repago se haría con descuentos automáticos de haberes previsionales, asignaciones o ingresos declarados, según el caso.

Para financiar el esquema, el proyecto menciona al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y sostiene que los préstamos se darían a tasas de mercado, sin afectar el equilibrio del fondo. De todos modos, para que el plan se convierta en realidad deberá atravesar el debate legislativo y reunir los votos necesarios en ambas cámaras, en un contexto donde el Gobierno —cuando eliminó estos créditos— defendió que el financiamiento debía quedar a cargo del sector privado.