En el marco de la investigación que se seguiría contra el juez de Cámara Andrés Lionelli, de Ushuaia, por presunta tenencia de material de pornografía infantil, podrían haberse registrado nuevas irregularidades.

Según trascendió, la causa habría comenzado tras allanamientos ordenados por la jueza de Instrucción María Cristina Barrionuevo, en los que se habrían secuestrado dispositivos electrónicos, armas no registradas y teléfonos celulares pertenecientes al magistrado.

De acuerdo con la información disponible, el juez habría argumentado que las imágenes detectadas en su nube personal corresponderían a una causa tramitada años atrás, cuando se desempeñaba en un juzgado de instrucción en Río Grande. Para corroborar esta versión, se habría solicitado al Juzgado de Río Grande el envío de material probatorio, que consistiría en dos CD con imágenes.

El sobre remitido desde Río Grande habría llegado a Ushuaia abierto y sin los CD solicitados. En su interior se habría encontrado un disco con material no vinculado a la investigación. La desaparición de estas pruebas estaría bajo análisis, dado que el traslado habría sido realizado mediante el sistema habitual del Poder Judicial, con intervención de personal interno y la empresa OCA.

Fuentes judiciales indicaron que el hecho podría haber ocurrido el 11 de julio, aunque hasta el momento no se habría emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido. Tampoco se habría habilitado la feria judicial para investigar la pérdida del material.

Además, se conoció que el fiscal interviniente, doctor Ballester Vidó, habría solicitado la conformación de un nuevo tribunal para analizar la causa, luego de que se detectara que uno de los camaristas que intervino en una decisión anterior tendría un vínculo comercial con Lionelli a través de un fideicomiso inmobiliario.

Por otra parte, se mencionó que la jueza Barrionuevo habría adelantado que investigaría lo ocurrido con el material extraviado después de la feria. No se descarta que existan copias del contenido en el Juzgado de Río Grande, aunque se desconoce si se trataría de archivos originales o reproducciones.

Este episodio se sumaría a una serie de cuestionamientos relacionados con la causa, entre ellos presuntas reuniones privadas entre autoridades judiciales y camaristas antes de decisiones clave, y el uso por parte del magistrado investigado de un servicio de almacenamiento en la nube contratado a una empresa extranjera para guardar las imágenes que serían objeto de análisis.