Desde hoy, los trabajadores judiciales de Río Grande profundizan las medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales y laborales. Así lo confirmó Gustavo Lizarzuay, secretario de Organización de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), en diálogo con medios locales.

“Nosotros venimos con medidas de fuerza hace dos semanas, con estado de alerta y movilización, y retención de servicios por media jornada. A partir de esta semana las intensificamos”, explicó. Las retenciones se realizan ahora dos veces por semana, martes y jueves de 11 a 14 horas. Además, el gremio adhirió al paro provincial convocado para el miércoles, en rechazo a las políticas económicas nacionales.

Respecto al reclamo salarial, Lizarzuay fue claro: “Después de diciembre del 2023, tenemos una pérdida del salario de alrededor del 30%. Hoy estamos por debajo de lo que teníamos previsto y de lo que entendemos que deberíamos haber recuperado. Estamos en un 35% de pérdida”.

El dirigente señaló que el problema no es solo la inflación actual, sino también la falta de recomposición por el deterioro acumulado: “Nosotros no tenemos mesa de paritarias, tenemos mesas de trabajo. Y lo que perseguimos es la recuperación del salario perdido en diciembre de 2023”.

Consultado sobre las condiciones laborales, Lizarzuay indicó que se viene trabajando en mejoras edilicias, ascensos y recategorizaciones. “Hoy tenemos un diálogo más fluido con la Secretaría de Superintendencia y Administración”, afirmó.

Sobre las denuncias por maltrato laboral, aseguró que hubo avances concretos:“Estamos trabajando muy fuerte con la Oficina del Bienestar Laboral. El gremio con sus delegados se está capacitando para poder identificar signos de maltrato y llevarlos a las mesas de trabajo”.

Respecto a las diferencias salariales dentro del Poder Judicial, Lizarzuay reconoció que persiste una brecha entre empleados y magistrados: “No, los salarios no se aparejaron. Pero hoy hay un trabajo conjunto con la Asociación de Magistrados para achicar la diferencia entre un empleado en su máxima categoría y un Prosecretario Letrado recién ingresado”.

Un trabajador judicial sin carga familiar, informó, percibe actualmente entre 1.200.000 y 1.300.000 pesos mensuales.

En cuanto al impacto de las medidas en el servicio judicial, Lizarzuay aclaró: “El sindicato adhiere al paro, y los trabajadores que adhieren dejarán de prestar funciones. La obligación de garantizar la atención a la justicia va a recaer sobre magistrados y funcionarios”.

Finalmente, señaló que el diálogo con el Superior Tribunal de Justicia se mantiene abierto, aunque reconoció las limitaciones presupuestarias:

“Nos transmiten que el problema no es solo nuestro, sino de todos los empleados estatales. La cuestión económica en la provincia está muy deteriorada y eso dificulta cualquier posibilidad de aumento salarial”.