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Judiciales

Juicios por jurados: así participan los ciudadanos en casos penales graves

Aunque muchos lo asocian al cine estadounidense, el sistema de jurados también funciona en buena parte de la Argentina. Once provincias ya aplican esta modalidad donde ciudadanos comunes son convocados para intervenir en juicios penales graves y decidir, a partir de la prueba, si el acusado es culpable o no.

Este mecanismo, que busca acercar a la población al funcionamiento de la Justicia, comenzó a implementarse en 2005 en Córdoba y se extendió con el tiempo a Buenos Aires, Chaco, Chubut, Catamarca, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Santa Fe. En la Ciudad de Buenos Aires la ley está aprobada desde 2021, pero aún no se utiliza de manera efectiva.

Cómo comienza todo: el sorteo y la selección

El proceso arranca con un sorteo público realizado sobre el padrón electoral vigente. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se eligen ciudadanos de entre 21 y 75 años, divididos por Departamento Judicial y por sexo. Esa primera lista luego se depura: quedan excluidos funcionarios públicos, integrantes de fuerzas de seguridad, abogados, escribanos, miembros de cultos religiosos, autoridades partidarias y personas procesadas o condenadas por delitos dolosos.

Para cada juicio se extraen 48 personas que reciben una citación obligatoria. Si alguien no se presenta, puede ser llevado por la fuerza pública, ya que actuar como jurado es considerado una carga pública que solo permite excusaciones por razones de salud o circunstancias excepcionales.

Luego se realiza la etapa de selección o voir dire, donde fiscales y defensores formulan preguntas para identificar prejuicios o posibles parcialidades. En esta instancia se descarta a quienes no puedan garantizar imparcialidad.

El jurado: quiénes lo forman y qué deben hacer

Finalizada la selección, se conforma un jurado de 12 integrantes —seis hombres y seis mujeres— y un grupo de seis suplentes. El debate es conducido por un juez profesional, que se encarga de dirigir la audiencia e instruir a los jurados sobre su rol.

Las obligaciones son claras: asistir a todas las audiencias, escuchar atentamente la prueba, mantener neutralidad, deliberar y llegar a una decisión. Los juicios pueden durar varios días e incluso extenderse a fines de semana. Durante el proceso, está estrictamente prohibido que los jurados conversen sobre el caso con abogados, testigos o terceros. Si alguien intenta hablarles del tema, deben informarlo de inmediato al juez.

Compensación y derechos laborales

La Suprema Corte bonaerense establece que los trabajadores privados y públicos deben ser declarados “en comisión” con goce de haberes mientras integran un jurado.
Quienes estén desocupados o trabajen de forma independiente pueden recibir una compensación equivalente a dos JUS por día (alrededor de $88.600). Además, si lo solicitan, tienen derecho a una dieta diaria para cubrir gastos de transporte y comida.

Qué decide el jurado y cómo termina el juicio

Durante el debate, la fiscalía y la defensa exponen versiones contrapuestas de los hechos. La acusación intenta demostrar la existencia del delito y la responsabilidad del imputado; la defensa busca generar dudas o aportar otra explicación.

Al finalizar, los jurados se retiran a deliberar en privado, sin límite de tiempo. Primero evalúan si el hecho existió y luego si el acusado es culpable o no. Para una condena se requieren al menos 10 votos. Con menos de ese número, el veredicto es de no culpabilidad.

Si el jurado declara culpable al acusado, la pena la determina el juez técnico en una audiencia posterior.

El debate sobre ampliar el sistema

Actualmente, los jurados populares se utilizan solo en delitos graves —generalmente aquellos con penas superiores a 15 años— y siempre a pedido del acusado. Sin embargo, un proyecto elaborado por Fernando Díaz Cantón, Jorge Sandro y Hugo Pintos propone extenderlos a todos los delitos con penas mayores a seis años, lo que llevaría la participación ciudadana a casi todo el fuero criminal.

Díaz Cantón considera que este modelo es el ideal, aunque reconoce que su implementación implica un enorme esfuerzo logístico y presupuestario para provincias y Nación.

Un mecanismo que gana legitimidad

La reciente condena al Clan Sena —en el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco— volvió a poner el foco en este sistema. Tras el veredicto, la jueza Dolly Fernández destacó que “la ciudadanía empieza a tomar conciencia del poder que recibe” cuando integra un jurado.

Un recordatorio de que, en ciertos casos, la Justicia también puede quedar literalmente en manos del pueblo.

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