Una empleada de la Fiscalía del Distrito Judicial Norte, identificada como Támara Giosso, quedó imputada por el presunto delito de estafa, luego de que el fiscal Jorge López Oribe la denunciara por utilizar su tarjeta de crédito para realizar compras personales por casi siete millones de pesos.

El hecho fue calificado como “un increíble y escandaloso caso”, según consta en la denuncia presentada por el propio funcionario judicial, quien detectó movimientos irregulares en una cuenta bancaria donde mantiene sus ahorros y que no utilizaba desde mayo. A partir de julio, comenzaron a registrarse operaciones de compra por montos significativos que derivaron en el presunto desfalco millonario.

Tras la denuncia, el Juzgado en turno ordenó un allanamiento en el domicilio particular de Giosso, operativo que fue ejecutado por la Brigada de Delitos Complejos. Durante el procedimiento, se incautaron numerosos artículos suntuarios, entre ellos maquillajes, perfumes, prendas de vestir y juguetes, además de su teléfono celular, que será peritado en el marco de la investigación por las presuntas maniobras defraudatorias.

De acuerdo con fuentes del caso, la imputada intentó resistirse al procedimiento, actitud que los investigadores interpretaron como una muestra de “sensación de impunidad” impropia de una funcionaria judicial.

Las primeras pericias apuntan a que la empleada habría obtenido los datos de la tarjeta del fiscal en su lugar de trabajo, antes de tomar una licencia por “razones familiares” que se extendió durante varios meses. A pesar de que sus compañeros habían solicitado su traslado a otra repartición debido a conflictos internos, la medida nunca se concretó, presuntamente gracias a “contactos dentro del Poder Judicial” que le habrían permitido conservar su cargo y mantener la licencia.

Actualmente, Giosso se encuentra notificada de derechos y garantías en el marco de la causa y permanece bajo investigación por defraudación y estafa, mientras el Ministerio Público Fiscal continúa reuniendo pruebas para determinar la extensión del perjuicio económico y si hubo otros partícipes o encubridores.