Con el inicio de una nueva campaña pesquera en las Islas Malvinas, la flota gallega volvió a operar en aguas en disputa bajo licencias otorgadas por el gobierno británico local. La actividad se reinicia en un contexto de tensión diplomática y sin reconocimiento por parte de Argentina, que mantiene su histórica posición sobre la soberanía del archipiélago y las zonas adyacentes.
La campaña actual llega tras una temporada anterior interrumpida anticipadamente, con una caída del 21% en los niveles de captura del calamar. Aun así, los 16 buques gallegos que integran la flota —con cerca de 1.000 tripulantes— volvieron a desplegarse en el Atlántico Sur, en una etapa clave para la recuperación de volúmenes y el cumplimiento de contratos comerciales, especialmente con mercados asiáticos.
Recurso estratégico en tensión
El calamar representa el 90% de las exportaciones pesqueras de las Islas Malvinas, con destino principal en la Unión Europea, lo que convierte al recurso en un eje geoeconómico en la disputa por el Atlántico Sur. Su explotación, sin regulación regional multilateral ni una Organización Regional de Ordenación Pesquera (OROP), se desarrolla fuera de marcos de conservación internacional, favoreciendo intereses comerciales europeos.La campaña de este año es incierta desde el punto de vista científico. Investigaciones preliminares sugieren un posible colapso en las migraciones del calamar, vinculado a factores como el calentamiento oceánico y la actividad sísmica en la plataforma argentina. Ante la falta de estudios concluyentes, se espera que las prospecciones realizadas por buques como el Prión aporten nuevos datos sobre el estado del recurso.
Denuncias sobre pesca sin control regional
En abril, la Cámara de Armadores de Poteros Argentinos (CAPA) renovó sus denuncias sobre la operatoria de embarcaciones europeas en la región, señalando que la falta de supervisión internacional efectiva favorece la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). La situación también permite que parte de la flota acceda a beneficios fiscales, evitando controles ambientales o tributarios del Estado argentino.El esquema actual refuerza una estructura de explotación que articula intereses económicos, vacíos regulatorios y conflicto de soberanía, en una región donde confluyen actores como el Reino Unido, España, la Unión Europea, China y Argentina.
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