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Contrabando bajo la lupa: nuevas medidas para controlar las ventas por internet

El Gobierno nacional acordó con plataformas de comercio electrónico, fabricantes y cadenas comerciales implementar un sistema de intercambio de información para identificar productos de origen ilegal, detectar vendedores sospechosos y retirar publicaciones vinculadas al contrabando. La iniciativa busca fortalecer los controles sobre las ventas por internet y reducir la competencia desleal.

El mecanismo permitirá que los fabricantes entreguen listados de mercadería presuntamente irregular, mientras que empresas como Mercado Libre y Meta aportarán información sobre publicaciones y vendedores. Los datos podrán cruzarse con registros de la Dirección General de Aduanas y la Ventanilla Única de Comercio Exterior, facilitando la detección de operaciones sospechosas y la realización de fiscalizaciones.

Durante la primera etapa, los controles estarán concentrados en celulares, notebooks, neumáticos, juguetes y cosméticos. Además, se establecerán reportes trimestrales para evaluar los resultados. Posteriormente, las verificaciones podrían extenderse a indumentaria, calzado, textiles, cigarrillos y agroquímicos, entre otros sectores afectados por la comercialización ilegal.

La problemática genera especial preocupación en Tierra del Fuego, donde se concentra buena parte de la fabricación nacional de productos electrónicos. Según estimaciones de AFARTE, el contrabando representaría alrededor del 50% de las ventas de teléfonos celulares proyectadas para 2026. Por su parte, la Unión Industrial Argentina advirtió que seis de cada diez empresas industriales sufren las consecuencias del comercio desleal.

El convenio, impulsado desde el Ministerio de Economía, reúne a Mercado Libre, Meta, la UIA, AFARTE, la Cámara de Importadores y distintas cadenas comerciales. Según estimaciones oficiales, el comercio ilícito representa aproximadamente el 5% del PBI y ocasiona pérdidas fiscales cercanas a los 2.300 millones de dólares anuales. El objetivo será mejorar la fiscalización, proteger a los consumidores y garantizar condiciones de competencia más equitativas.

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