En el marco de una nueva etapa del proceso de ajuste y reestructuración del Estado, el Gobierno nacional anunció este miércoles la eliminación de la Secretaría de Derechos Humanos, que pasará a funcionar como una subsecretaría bajo la órbita del Ministerio de Justicia. La medida incluye la reducción del 40% de su estructura y el despido del 30% del personal, y fue presentada como parte del plan de austeridad fiscal impulsado por la administración de Javier Milei.

El vocero presidencial Manuel Adorni fue el encargado de comunicar los cambios durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. “El cambio implica un ahorro de 9.000 millones de pesos”, sostuvo el funcionario, quien además aseguró que el nuevo esquema permitirá “garantizar la defensa de todos los derechos humanos, y no los intereses de un sector partidario e ideológico”.

La decisión se inscribe en lo que el Gobierno define como la segunda fase del llamado “Plan Motosierra”, orientado a eliminar estructuras consideradas innecesarias o “sobredimensionadas” en la administración pública. Según Adorni, se busca “ordenar un Estado que fue ampliado artificialmente durante años para sostener un sistema clientelar y político”.

Además del recorte en el área de Derechos Humanos, el vocero adelantó que se avanzará con la fusión y cierre de entes culturales, aunque no brindó precisiones sobre cuáles serán los organismos alcanzados. “Se continuará con el proceso de reordenamiento del sector público”, afirmó.

La Secretaría de Derechos Humanos había sido objeto de críticas por parte del oficialismo, que la acusaba de actuar con sesgo ideológico y de estar “colonizada por la militancia”. Durante los últimos meses, ya se habían eliminado programas vinculados a género, pueblos originarios y memoria histórica.

La medida generó una rápida reacción por parte de organismos de derechos humanos, como el CELS y Abuelas de Plaza de Mayo, que calificaron la decisión como un “vaciamiento” y un “retroceso institucional”. Ambas organizaciones anticiparon que realizarán una conferencia de prensa para expresar su rechazo público.

Desde sectores afines al oficialismo, en cambio, celebraron la medida. Un legislador de La Libertad Avanza publicó en sus redes sociales: “Se termina la mentira de los organismos colonizados por la militancia. Los derechos humanos no tienen dueño”.

Adorni, por su parte, ratificó el rumbo del Ejecutivo: “No hay marcha atrás. Vinimos a terminar con los privilegios y el despilfarro. El que no lo entendió, se va a quedar afuera del futuro”, concluyó.