La industria textil latinoamericana puso en marcha un plan de acción conjunto para contener el avance del “ultra fast fashion” y sus consecuencias en el empleo, el ambiente y la salud. Cámaras de indumentaria de Argentina, Brasil y México elaboran un proyecto de ley que busca regular el ingreso de productos de origen chino, inspirándose en la legislación que Francia aprobó este año.
El impacto en la industria local
En Argentina, los efectos ya se sienten con crudeza. De acuerdo con la Cámara Argentina de la Indumentaria (CIAI), el sector pierde unos 1.500 puestos de trabajo mensuales por la presión de importaciones a precios de dumping. Solo en el segundo trimestre de 2025, la mitad de las firmas textiles redujo ventas, con un retroceso promedio del 7% interanual, y en los últimos dos años la caída acumulada llega al 30%.
Controles y aranceles propuestos
El proyecto establece que cada prenda importada deba superar controles sanitarios y ambientales, con el fin de detectar sustancias tóxicas o procesos contaminantes. En ese sentido, un relevamiento del Gobierno Metropolitano de Seúl halló niveles de plomo y cadmio hasta 622 veces por encima de lo permitido en ropa infantil procedente de Asia.Además, una vez cumplidos los requisitos de seguridad, los productos quedarían sujetos a impuestos y aranceles, entre ellos IVA e Ingresos Brutos, para reducir la brecha de precios con la producción regional.
Un debate con eje en la sustentabilidad
El texto también resalta la necesidad de limitar el uso de materiales contaminantes. Actualmente, un 76% de las prendas vendidas en plataformas de origen chino se confeccionan con poliéster, derivado del petróleo y responsable de liberar microplásticos en cada lavado. Solo un 6% está hecho con fibras recicladas.En paralelo, se cuestiona el uso intensivo de químicos en tinturas y acabados, señalados como responsables de gran parte de la contaminación hídrica industrial.
Inspiración francesa y apoyo político
El antecedente europeo resulta clave. Francia sancionó un esquema que incluye un impuesto ecológico progresivo, que pasará de 5 euros por prenda a 10 en 2030, además de prohibir la publicidad y exigir etiquetas ambientales.Ese modelo es el que buscan replicar en la región, con apoyo de referentes políticos argentinos como Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot y Martín Lousteau. Según Claudio Drescher, presidente de la CIAI, “ningún país entrega su mercado interno” y existe consenso para lograr avances legislativos en 2026.
Condiciones laborales bajo la lupa
El “ultra fast fashion” no solo genera tensiones comerciales y ambientales. Informes internacionales documentan jornadas de hasta 75 horas semanales en talleres del sur de China, con pagos a destajo y salarios precarios, lo que alimenta el reclamo de normas que eleven los estándares laborales.
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