Ya desde el arranque, la propuesta desplaza al Estado a un rol casi espectador: elimina la cobertura pública y de obras sociales para terapias hormonales o cirugías de adecuación corporal, las declara “opcionales y autogestionadas” y exige que todo mayor de 18 años pague los costos de su bolsillo.
Un segundo eje—quizás el más polémico—es la prohibición tajante de cualquier tratamiento de transición en personas menores de edad. Para cambios registrales, además, se impone la firma conjunta de madre y padre y la evaluación de un equipo interdisciplinario externo al Estado.
El texto también liquida la obligatoriedad de usar nombres y pronombres autopercibidos en el ámbito público o privado. Según sus autores, el trato acorde a la identidad sentida será “voluntario y consensuado”, sin sanciones ni exigencias administrativas.
En materia educativa, la iniciativa introduce la denominada “neutralidad ideológica estatal”: ningún organismo podrá financiar ni difundir contenidos sobre identidad de género sin aval expreso de los padres. Las campañas públicas sobre la temática quedarían vedadas, salvo excepciones puntuales.
Los ejes centrales
- Fin de la financiación pública de tratamientos hormonales y quirúrgicos.
- Prohibición total de intervenciones médicas de transición en menores.
- Consentimiento unánime de ambos padres y peritaje profesional para cambios registrales en chicos.
- Uso no obligatorio de nombres y pronombres autopercibidos en oficinas e instituciones.
- Veto a campañas oficiales y contenidos escolares sobre identidad de género sin permiso paterno.
- Derogación parcial de artículos de la ley vigente y plazo de 60 días para adecuar la reglamentación.
El borrador aún no fue girado a comisiones, pero ya desató reacciones encontradas: sectores liberales aplauden la desregulación, mientras organizaciones trans y de derechos humanos califican el texto como un retroceso que dejaría sin cobertura sanitaria a un colectivo históricamente vulnerable. Con el oficialismo en minoría, la discusión promete tensiones y negociaciones finas dentro del Congreso.
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