Cumplir con la pauta del Presupuesto 2021 y que los subsidios a la energía se mantengan estables en relación al Producto Bruto Interno (PBI) -en un orden de 1,7%- implicaría que las facturas de gas que les llegarán a los hogares por el consumo a partir de abril tengan un aumento de entre 26% y 35% final, sin contabilizar la suba de tarifas en el segmento regulado.

Así surge de un informe que preparó la Secretaría de Energía en la antesala de la audiencia pública que tendrá lugar el lunes 15 de marzo.

Lejos de esto, el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), Federico Bernal, de buena relación con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, deja trascender que solamente habilitará un alza final de hasta 9% y que únicamente permitirá recomposición en los ingresos de las distribuidoras y transportistas.

Es decir, que el precio del gas que se traslada a la tarifa quedaría congelado en pesos y seguiría decreciendo en dólares, lo que obligaría al Tesoro a desembolsar más subsidios.

Las boletas de los usuarios residenciales tienen cuatro componentes: el gas (33%), el transporte (10%), la distribución (33%) y los impuestos (24%), según los datos de Transportadora de Gas del Sur (TGS). Las cifras pueden variar de acuerdo al consumo y a la región de cada usuario.

Actualmente, el Estado subsidia el 60% del costo del gas, mientras que los usuarios abonan el 40%. Las transferencias no cubren la tarifa regulada de empresas como Metrogas, Naturgy, Camuzzi, EcoGas, TGN y TGS.

PORMENORIZADO

El informe de Energía, que no tiene carácter de propuesta vinculante, explica que el precio del gas en pesos debería trepar un 63% si se quiere ejecutar la idea del ministro de Economía, Martín Guzmán, de mantener constantes los subsidios y reducir el déficit fiscal.

Entre el transporte y la energía, las transferencias del Estado representarían la mitad del rojo primario, según el Presupuesto 2021 (2,2% sobre un 4,5% de déficit).

Por el contrario, si el precio del gas quedara congelado en pesos, tal como apunta el Instituto Patria, el costo fiscal sería de $ 132.963 millones, para lo que se necesitarían reasignar las partidas presupuestarias en $ 56.087 millones o conseguir más recursos tributarios para financiarlo.

El abastecimiento de la demanda prioritaria de gas (hogares y comercios) costaría u$s 2059,2 millones, a un promedio ponderado anual de u$s 3,91 por millón de BTU y de $ 15,55 por metro cúbico (m3) para todo 2021.

Esto incluye tanto el gas producido nacionalmente (a u$s 3,53 el volumen base y algo superior en invierno), las importaciones de Bolivia a u$s 5,14 y el gas licuado a u$s 7,25 más u$s 1 a u$s 1,30 por millón de BTU como costo de regasificación.

La actual situación lleva a que el Estado cubra u$s 2,35 y los usuarios, u$s 1,57 por millón de BTU, en el promedio ponderado anual.

"Se estima que en el momento en que el Estado Nacional asume un costo del orden del 35% no se requieren partidas adicionales. Tal situación es compatible con un precio a pagar por los usuarios del orden de los $ 10,15 por m3, en el que el costo total de abastecimiento de la demanda prioritaria estimado en $ 221.605 millones se reparte entre $ 76.875 millones a cargo del Estado y los restantes $ 144.729 millones a cargo de los usuarios", analizó el equipo técnico de Darío Martínez.