El Ministerio de Seguridad de la Nación oficializó la creación de un nuevo mecanismo destinado a brindar resguardo administrativo a miembros de las fuerzas federales que denuncien irregularidades o actúen como testigos en causas que involucren a sus compañeros. La medida fue establecida mediante la Resolución 831/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial.

El flamante Sistema de Protección Administrativa de Denunciantes y Testigos funcionará bajo la órbita de la Dirección Nacional de Integridad y Transparencia. Su objetivo principal es garantizar que los efectivos de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal que decidan denunciar delitos, se rehúsen a participar en actos ilegales o colaboren como testigos, no vean afectadas sus condiciones laborales ni sufran represalias.

El sistema no contempla medidas de seguridad física, pero sí establece resguardos administrativos y profesionales para prevenir acciones de hostigamiento. Entre los actos considerados represalias se incluyen: agresiones físicas o verbales, cambios de tareas hacia funciones inferiores, generación de ambientes laborales hostiles, sanciones reiteradas sin fundamentos, traslados intempestivos, negación de ascensos o exceso injustificado de tareas.

Asimismo, se considerarán represalias la convocatoria arbitraria a juntas médicas o evaluaciones, la exclusión de tareas habituales, el acoso laboral o sexual, y cualquier otra conducta que pueda interpretarse como castigo o intimidación por la denuncia realizada.

La Dirección Nacional de Integridad y Transparencia será la encargada de evaluar los casos y decidir la incorporación, permanencia o exclusión de efectivos en el sistema, tomando en cuenta si existen represalias reales o fundadas sospechas de que podrían ocurrir.

Desde el Ministerio aclararon que este esquema de protección será temporal y cesará una vez que desaparezcan los motivos que justificaron su implementación.