El debate sobre el futuro del mercado laboral argentino se intensifica a partir de las presiones del Gobierno para frenar la paritaria del sindicato de Comercio, el mayor del país, y los primeros pasos hacia una reforma profunda de las condiciones de empleo. La decisión oficial apunta a cambiar reglas históricas en materia de trabajo, con la mira puesta en reducir costos y flexibilizar el mercado.

En la actualidad, el empleo asalariado formal en la Argentina muestra señales de estancamiento desde hace más de una década. Según datos oficiales del INDEC, un 36% de los asalariados no cuenta con aportes jubilatorios, mientras que otras fuentes elevan esa cifra al 42% a nivel nacional. Esta realidad expone una brecha considerable entre trabajadores formales e informales, donde los salarios de estos últimos son, en promedio, un 40% menores.

El avance de la informalidad laboral no es uniforme en todo el país: mientras que en regiones como Tierra del Fuego, Santa Cruz y Ciudad de Buenos Aires ronda el 20%, en provincias del norte como Tucumán puede superar el 60%. Para la Fundación Mediterránea, este es un aspecto central que debe considerarse al pensar en reformas laborales, ya que las condiciones varían ampliamente según la estructura productiva y el desarrollo económico regional.

En este contexto, el Gobierno busca profundizar cambios tras las elecciones legislativas. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, insiste en la necesidad de convenios laborales adaptados a las realidades locales, en lugar de un único marco nacional. Desde el oficialismo consideran que la rigidez de los actuales convenios dificulta la contratación de personal, sobre todo en pequeñas y medianas empresas.

El crecimiento del empleo en la última década estuvo impulsado principalmente por el aumento de monotributistas, una modalidad que, aunque ofrece cierta formalización, suele encubrir relaciones laborales más precarias. Entre 2014 y 2024, el número de monotributistas creció un 40%, mientras que el empleo asalariado privado registrado permaneció prácticamente sin cambios.

Como parte de los cambios, el Gobierno promueve la implementación de un sistema de seguro de despido, en reemplazo del tradicional esquema de indemnizaciones. Inspirado en el modelo ya utilizado por la UOCRA, este fondo de cese laboral sería voluntario y dependería de acuerdos entre sindicatos y cámaras empresariales. La reciente resolución de la Comisión Nacional de Valores fija los instrumentos financieros necesarios para este mecanismo, aunque su alcance dependerá de la voluntad de las partes en cada sector.

Desde la Casa Rosada destacan que la tasa de empleo ronda el 45% y que es momento de dar paso a políticas que permitan mayor flexibilidad para contratar y despedir personal, especialmente en un contexto de baja inflación. El presidente Javier Milei sostiene que el sistema contractual actual responde a una economía inflacionaria y que, ante la expectativa de estabilidad de precios, es necesario aggiornar las reglas de juego.

Sin embargo, expertos advierten sobre los riesgos de avanzar hacia una economía deflacionaria con esquemas de salarios a la baja. Ricardo Delgado, de la consultora Analytica, señaló que la deflación puede conducir a una caída de ingresos y menor capacidad de compra, con antecedentes históricos de alto desempleo y recesión, como sucedió en la Argentina a finales de la Convertibilidad o en Estados Unidos durante la década de 1930.

La reforma laboral y la federalización de las negociaciones colectivas asoman como los próximos grandes desafíos. El Gobierno apuesta a una legislación más flexible y a la posibilidad de acuerdos específicos por región y sector, mientras la discusión sobre la protección de los derechos laborales y el futuro del empleo formal sigue abierta y en el centro de la agenda nacional.