En lo que va del año, un total de 2273 oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de seguridad solicitaron la baja voluntaria, marcando un récord histórico en deserciones vinculadas al deterioro salarial y a la crisis del sistema de salud que los asiste.

Los números reflejan una situación alarmante. En el Ejército Argentino, se registraron 257 pedidos de baja, cifra que supera ampliamente los promedios de ejercicios anteriores. A ellos se suman 234 bajas en la Armada y 193 en la Fuerza Aérea. El fenómeno también golpea a las fuerzas de seguridad federales: 386 efectivos de Gendarmería Nacional, 322 de Prefectura Naval, 412 de la Policía Federal Argentina, 177 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y 292 del Servicio Penitenciario Federal decidieron abandonar sus funciones.

El detonante principal es el salario deteriorado. Mientras el umbral de pobreza para una familia tipo superó en junio los $1.128.000, gran parte de las jerarquías bajas de las fuerzas perciben ingresos por debajo de ese nivel. Un alférez, guardiamarina o subteniente cobra actualmente unos $766.215, y un cabo segundo, apenas $673.588. Incluso oficiales con más antigüedad, como capitanes o tenientes de navío, perciben sueldos inferiores al valor de la canasta básica.

Además del problema económico, el colapso del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa) genera fuerte malestar entre el personal. La entidad, que se encontraba saneada hasta fines de 2023, hoy acumula una deuda superior a los $160.000 millones, dejando sin cobertura a miles de afiliados, especialmente en lo que refiere a medicamentos de alto costo, tratamientos oncológicos, trasplantes e intervenciones quirúrgicas.

Desde las propias fuerzas aseguran que el fenómeno actual no tiene precedentes. Un general del Ejército reveló que muchas de las bajas corresponden a personal altamente capacitado, como comandos, paracaidistas o miembros de agrupaciones tácticas, que hoy son reclutados por fuerzas de seguridad provinciales con mejores condiciones laborales. Un caso paradigmático es el de la provincia de Córdoba, que incorporó personal militar para su nueva policía antidrogas, duplicando sus salarios y ofreciéndoles una obra social funcional.

Esta tendencia no es nueva. Durante la conformación de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, también se produjo un éxodo importante de efectivos calificados provenientes de las fuerzas armadas, especialmente de unidades de élite como Comandos Anfibios y Buzos Tácticos, que nunca lograron reponerse.

El Gobierno nacional, a través del ministro de Defensa Luis Petri, se comprometió a resolver la crisis de Iosfa, pero los aportes patronales siguen impagos, profundizando el colapso del sistema de salud para militares en actividad, retirados y sus familias.

Mientras tanto, se multiplican los testimonios de personal afectado, que denuncia en redes sociales la imposibilidad de continuar tratamientos médicos indispensables. La situación pone en alerta a toda la estructura de defensa y seguridad del país, que ve comprometida su capacidad operativa ante la salida masiva de personal entrenado y sin perspectivas claras de recambio.