El Ejecutivo nacional presentó ante el Congreso un nuevo proyecto de ley que busca formalizar el uso de dólares no declarados y reformar de manera significativa el régimen penal económico y tributario. La iniciativa, que lleva la firma del presidente Javier Milei, fue enviada por vía electrónica antes de su viaje a Europa, aunque aún no figura formalmente en el sistema legislativo, según informaron fuentes parlamentarias.
Este proyecto se enmarca en el denominado Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, que ya contempla medidas como el régimen simplificado del impuesto a las Ganancias. Según el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el propósito es reconocer una práctica social extendida: la preservación del ahorro fuera del sistema financiero, producto de décadas de inestabilidad económica.
En declaraciones radiales, Francos explicó que la iniciativa introduce modificaciones legales clave: se actualizarán los montos que determinan cuándo un acto de evasión se considera delito penal, se reducirán los plazos de prescripción de infracciones y se modificarán normativas vinculadas al control tributario y aduanero.
Entre los puntos más destacados, se propone que la evasión fiscal solo sea punible cuando supere un nuevo piso —más alto que el actual de $1,5 millones—, y que operaciones de compra de inmuebles y vehículos solo sean reportadas cuando superen determinados montos: $235.050.000 para propiedades y $115.000.000 para automotores.
Asimismo, se plantean reformas a los sistemas de información financiera bajo la órbita de ARCA y la Unidad de Información Financiera (UIF), con el objetivo de simplificar los controles y alentar la integración de capitales al circuito formal.
Aunque Francos evitó definirlo como un “blanqueo tradicional”, remarcó que se apunta a regularizar activos sin intención delictiva: “Hay gente que tenía un canuto, pero no necesariamente dólares declarados”, explicó, refiriéndose a ahorros ocultos fuera del sistema bancario.
Acuerdo parcial con las provincias
En paralelo, el Gobierno avanzó con la firma de convenios con ocho provincias —Chaco, Jujuy, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan y San Luis— para garantizar la implementación del régimen simplificado de Ganancias. En total, ya son 12 las jurisdicciones que adhirieron. El Ejecutivo advirtió que quienes no lo hagan perderán el acceso a datos clave, como registros de consumos por encima de $50 millones.
Debate por el gasto previsional
Mientras tanto, el Gobierno nacional enfrenta tensiones en el Congreso luego de que la oposición impulsara un proyecto que otorga un aumento del 7,2% a todas las jubilaciones, además de elevar el bono mensual de $70.000 a $110.000. También se prorrogó por dos años la moratoria previsional.Ante este panorama, Francos advirtió en el Senado que cualquier medida que implique gasto sin financiamiento será vetada. "¿Quieren que subamos impuestos?", lanzó, y calificó de irresponsables a los legisladores que aprobaron el proyecto. Reiteró que el equilibrio fiscal es una condición innegociable para el oficialismo.
Desde la oposición, en tanto, se sugirió redirigir partidas presupuestarias, como fondos asignados a la ex SIDE y parte del dinero proveniente del FMI, hacia el sistema jubilatorio.
¿Regreso de las AFJP?
Francos también deslizó la posibilidad de una reforma previsional más profunda, que podría incluir el regreso a un esquema de capitalización individual similar al de las AFJP. Si bien aclaró que no hay definiciones concretas, admitió que hay funcionarios trabajando en esa dirección, aunque “sin instrucciones precisas del Presidente”.Con este nuevo paquete legislativo, el oficialismo busca atraer ahorros no formalizados, reforzar su estrategia de consolidación fiscal y avanzar en un marco legal que facilite el retorno de capitales sin penalidades retroactivas.
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