La expansión del 5G en la Argentina dejó en evidencia un problema que va más allá de la tecnología: la falta de infraestructura para sostener el salto en el consumo de datos. Para que la red alcance una cobertura competitiva, el sector calcula que hace falta un “shock” de inversión cercano a los USD 9.000 millones en cinco años, es decir, alrededor de USD 1.800 millones por año.

Por ahora, el despliegue avanza a dos velocidades. Hacia fines de 2025 se contabilizaban más de 255 antenas activas, pero la mayor parte quedó concentrada en el AMBA y en polos urbanos como Córdoba y Rosario. Aun con desembolsos fuertes de las principales operadoras en esas zonas durante los últimos dos años, la adopción del 5G sigue siendo baja: ronda apenas el 9%, lo que profundiza la brecha territorial.

Desde la mirada de la GSMA, el límite principal no está en la disponibilidad de equipos ni en la innovación, sino en la base física que permite que todo funcione: fibra óptica, radio bases, enlaces troncales y obra civil. En un mercado con alto tráfico de datos y costos elevados de despliegue, esa red de soporte se volvió el cuello de botella para crecer.

El punto crítico es cómo financiar esa expansión de largo plazo. Para 2026, el desafío es salir del esquema que depende casi por completo de reinversión de utilidades y pasar a un modelo que pueda atraer capital nuevo. En ese contexto, la integración operativa entre Movistar y Telecom —pendiente de autorización oficial— aparece como una vía para ganar escala, optimizar recursos (incluida la fibra al hogar, que ya representa una porción relevante de las conexiones fijas) y acelerar nuevas instalaciones en campo.

En paralelo, el Estado también juega un papel determinante. El Fondo de Servicio Universal (FSU) está pensado para llevar conectividad a zonas donde la inversión privada no cierra por rentabilidad. Con el Enacom intervenido bajo la conducción de Juan Martín Ozores, se lanzó un esquema de facilidades para regularizar deudas del sector: se mencionan pasivos por más de $3.000 millones para grandes operadores, además de otros montos señalados por la Auditoría General de la Nación. El objetivo es ordenar el sistema, sostener la continuidad del servicio y habilitar que el FSU pueda financiar proyectos donde hoy hay vacíos de conectividad.

La presión por acelerar no ocurre en el vacío: en América latina se anunciaron inversiones digitales por más de USD 20.200 millones durante 2024, lo que marca una competencia regional feroz por captar capital global. Argentina supo integrar, junto con Brasil y México, el grupo que concentra la mayoría de los proyectos en las últimas décadas, pero ese lugar se vuelve más frágil si el país no garantiza previsibilidad regulatoria y condiciones razonables de espectro, como advirtió Lucas Gallitto (GSMA), que pidió reglas claras y precios competitivos para evitar que la brecha de inversión siga postergando el potencial de la economía del conocimiento.

La fragilidad se nota también en la dinámica de la inversión extranjera directa: en 2025 hubo una caída fuerte al inicio del año y un repunte posterior, aunque con predominio de reinversión de utilidades más que ingreso de capital fresco. Para el mundo telecom, eso es un límite concreto: ampliar 5G hacia sectores productivos como minería o agro requiere infraestructura “pesada”, y esa apuesta no convive bien con incertidumbre macro y cambios de reglas.

Además, la conectividad empieza a atarse cada vez más al negocio de los centros de datos. Argentina conserva relevancia regional en ese segmento y aparecen proyectos de gran escala ligados a inteligencia artificial, con presupuestos que incluyen miles de millones para conectividad y obra civil. Pero la condición de posibilidad sigue siendo la misma: redes robustas y capacidad real en el territorio.

De cara a 2026, la hoja de ruta combina medidas urgentes y decisiones estructurales: sanear deudas, destrabar burocracia para instalar antenas, ordenar el uso del FSU y sostener un marco estable más allá de los ciclos electorales. Si ese combo no se concreta, el 5G corre el riesgo de quedar reducido a experiencias en pocas ciudades. Si se logra, puede transformarse en una herramienta de desarrollo federal: en la economía del conocimiento, la conectividad ya no es solo un servicio, es infraestructura básica.