La medida fue oficializada mediante el Decreto 332/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Mariano Cúneo Libarona, y publicada en el Boletín Oficial. El decreto, breve y sin mayores detalles, señala que la UTI cumplió con el encargo original tras remitir la información recabada al Ministerio Público Fiscal. No obstante, el Ejecutivo no dio a conocer públicamente los resultados ni el contenido de esa investigación, ni se precisó el alcance de los datos entregados.

El caso $LIBRA tomó estado público en febrero de este año, cuando Milei, desde sus redes sociales, promocionó el token digital minutos después de su lanzamiento, asegurando que financiaría iniciativas productivas. El impulso presidencial hizo que el valor de $LIBRA pasara de la nada a superar los 5 dólares en pocos minutos. Sin embargo, la euforia se desmoronó igual de rápido: el precio se desplomó a raíz de ventas masivas por parte de un reducido grupo de inversores que controlaban la mayoría de los tokens.

El esquema, identificado luego como un “rug pull” —una estafa frecuente en el universo cripto donde los creadores desaparecen con el dinero—, dejó sin respuesta a miles de inversores perjudicados. La Unidad de Investigación, conformada por especialistas en finanzas digitales, fraude y lavado, tenía como misión analizar si hubo irregularidades o delito en la promoción y el colapso repentino de $LIBRA, que involucró directamente la figura presidencial.

Pese al cierre de la UTI y la supuesta entrega de pruebas al Ministerio Público, hasta el momento no se difundieron resultados ni avances claros sobre las responsabilidades o el destino de los fondos perdidos. El hermetismo oficial mantiene abiertas las incógnitas sobre el caso y sobre el rol del propio presidente en el desarrollo del fraude.

Decreto 332/2025: