El Congreso nacional dio un paso histórico al derribar, por primera vez en más de dos décadas, un veto presidencial. El Senado resolvió rechazar la decisión de Javier Milei sobre la ley de emergencia en discapacidad y repuso la norma con una contundente mayoría: 63 votos afirmativos contra apenas 7 en contra.
Un revés con múltiples lecturas
La sesión, conducida por Bartolomé Abdala ante la ausencia de Victoria Villarruel —viajó con Milei a Estados Unidos—, expuso la soledad del oficialismo. La Libertad Avanza llegó resignada a la votación, sabiendo que incluso parte de la UCR que solía apoyarlos se alinearía con Unión por la Patria, bloques provinciales y la mayoría del PRO.Con esta resolución, el Ejecutivo pierde su última herramienta frente al Congreso. Cuando un veto es rechazado, la ley debe promulgarse sin más instancias disponibles. El único recurso que le queda a Milei es recurrir a la Justicia para intentar frenar la aplicación inmediata de la norma.
Una derrota política antes que fiscal
Aunque el Gobierno argumenta que el costo de la emergencia en discapacidad podría representar entre el 0,22% y el 0,42% del PBI, lo que más preocupa en la Casa Rosada es la señal política. La caída de este veto refleja, como nunca, la fragilidad parlamentaria del oficialismo y llega en un momento atravesado por denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El escándalo que condicionó el debate
Los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, sobre un supuesto esquema de coimas en la compra de medicamentos y servicios, dominaron la sesión. Senadores de diferentes bloques lo usaron como argumento para no respaldar al Gobierno. Desde Martín Lousteau, que denunció sobreprecios del 28%, hasta la fueguina Cándida López, que apuntó directamente a Karina Milei, las críticas se multiplicaron.El caso, que ya generó un cimbronazo en la agenda política y electoral, terminó por consolidar un rechazo unificado. Incluso hubo quienes plantearon interpelar a la secretaria general de la Presidencia, aunque esa discusión quedó postergada en comisión.
Lo que establece la ley
La norma recuperada amplía el financiamiento de pensiones no contributivas y fija nuevos parámetros para acceder al beneficio: contar con Certificado Único de Discapacidad, no superar ingresos equivalentes a dos salarios mínimos y aprobar una evaluación socioeconómica. La asignación será del 70% del haber mínimo jubilatorio y compatible con empleo registrado.Además, ordena compensaciones de emergencia para prestadores, asignaciones a talleres de producción y una actualización automática de aranceles vinculada al índice de inflación. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la medida podría beneficiar a entre 493 mil y 946 mil personas, con un costo fiscal que oscila entre 1,8 y 3,6 billones de pesos, sumando partidas específicas para prestadores y talleres.
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