
A pesar del fuerte ajuste en las tarifas de gas, que acumulan un incremento cercano al 1.500% en los últimos siete meses, los problemas estructurales del sistema energético argentino siguen sin resolverse. Así lo advierte el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), que señala que la suba acumulada desde diciembre de 2023 alcanza el 1.482%.
En junio, la factura promedio de gas ronda los $50.000 a nivel nacional, aunque en algunas regiones —como Tierra del Fuego, Santa Cruz Sur y Chubut Sur— supera los $100.000. Allí, el servicio es provisto por Camuzzi Gas del Sur, y los valores varían entre $101.000 y más de $190.000 para hogares de ingresos altos, mientras que los de ingresos bajos pagan entre $69.000 y $129.000.
Según el reporte, los hogares de ingresos más altos (segmento N1) pagan actualmente un promedio de $61.220 por mes, mientras que los de ingresos bajos (N2) abonan $46.674 y los de ingresos medios (N3), unos $51.752, siempre con ajuste estacional incluido.
Pero el aumento tarifario no trajo mejoras evidentes. Con la llegada del invierno, el sistema volvió a colapsar ante la alta demanda. Esta vez, incluso se registraron cortes residenciales por baja presión en zonas como Mar del Plata, además de restricciones para industrias y estaciones de GNC, y la necesidad de suspender el envío de gas a países vecinos.
El informe del IIEP detalla que “en el invierno se incrementa el costo del gas debido a la introducción del Gas Natural Licuado (GNL) en el mix de abastecimiento”. También indica que, pese al ajuste, el 57% del costo de provisión sigue siendo absorbido por el Estado, mientras que el usuario residencial apenas cubre el 43% restante, incluso en los segmentos con menores subsidios.
La paradoja es clara: tarifas más altas, subsidios vigentes y un servicio que no mejora. Mientras los hogares pagan mucho más, el sistema no logra responder ante los picos de consumo en los días más fríos del año.
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