El Gobierno nacional dispuso, mediante el Decreto 105/2026, extender hasta julio de 2027 el plazo de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las herramientas centrales incluidas en la Ley Bases para atraer capitales de gran escala al país. La medida amplía el horizonte temporal del esquema y suma modificaciones orientadas principalmente a los sectores de hidrocarburos y tecnología.

La decisión se enmarca en la estrategia oficial de captar inversiones externas, fortalecer las reservas y dinamizar áreas consideradas estratégicas para la generación de divisas, en un contexto económico atravesado por ajustes fiscales y debates políticos.

El RIGI está destinado a proyectos que superen los 200 millones de dólares —según la actividad— y contempla una serie de beneficios, entre ellos estabilidad tributaria por 30 años, reducción del Impuesto a las Ganancias, exenciones en derechos de importación y exportación, mayor flexibilidad cambiaria para la remisión de utilidades y garantías jurídicas frente a modificaciones normativas.

Con la prórroga, el Ejecutivo busca otorgar mayor previsibilidad a empresas que se encuentran evaluando inversiones, al tiempo que envía una señal de continuidad en la política de apertura económica hacia el mercado internacional.

El decreto también introduce ajustes específicos para proyectos vinculados al petróleo y gas, sectores considerados clave para el ingreso de divisas. En ese sentido, se apunta a potenciar desarrollos en Vaca Muerta y otras áreas estratégicas mediante facilidades para infraestructura, transporte, licuefacción y exportación de hidrocarburos.

En paralelo, se amplían incentivos para el sector tecnológico, con el objetivo de atraer inversiones en economía del conocimiento, software e infraestructura digital, áreas que el Gobierno busca posicionar como motores de exportación de servicios.

Desde el oficialismo sostienen que el régimen es fundamental para concretar proyectos que, sin incentivos de gran escala, difícilmente avanzarían en el país debido a la inestabilidad macroeconómica histórica. Sin embargo, la iniciativa también genera cuestionamientos desde sectores opositores y sindicales, que advierten sobre posibles pérdidas de recaudación, competencia fiscal entre provincias y un esquema que prioriza grandes capitales por sobre pymes.

Con la extensión del RIGI hasta 2027, el Gobierno apuesta a consolidar una ventana de oportunidades para inversiones de alto volumen. El impacto final dependerá de la cantidad de proyectos que se concreten y de su efecto en el empleo, la producción y la generación de divisas en los próximos años.