La iniciativa propone derogar el Decreto 446/2025, que eliminó los precios de referencia establecidos por la ley vigente y redujo la intervención estatal al ámbito de la seguridad, permitiendo que el precio de las garrafas quede librado a la lógica del mercado. El proyecto también plantea modificar la Ley 26.020, incorporando un artículo que declara servicio público esencial la comercialización al consumidor final de garrafas de 10, 12, 15, 30 y 45 kilos.
Protección ante aumentos desmedidos
El principal fundamento del proyecto es que el GLP envasado constituye un servicio indispensable para millones de personas que no tienen acceso al gas por red. De acuerdo con datos del Censo 2022, más del 41% de los hogares argentinos utiliza garrafas, cifra que se eleva en regiones donde el acceso a redes de gas natural es limitado.Se cuestiona que el decreto haya sido dictado en un contexto de ola de frío y crisis energética, afectando directamente a quienes más dependen del gas envasado. La eliminación del artículo 34 de la ley vigente dejó sin ancla legal los precios máximos de venta, generando una escalada de costos que recae sobre los sectores más vulnerables.
Restituir el rol del Estado
El proyecto promueve que el Estado vuelva a tener un rol activo como regulador de precios y garante del acceso universal al GLP, tal como lo establece el artículo 42 de la Constitución Nacional respecto a los derechos de los consumidores y la obligación de garantizar el acceso a servicios públicos en condiciones de equidad y eficiencia.En este sentido, la iniciativa establece que la autoridad de aplicación deberá fijar precios máximos tomando como base los valores vigentes al momento de la sanción de la ley y ajustarlos en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil, lo que permitiría contener aumentos desproporcionados.
Más allá del precio: educación, control y participación
El proyecto también propone nuevas funciones para el Estado en la regulación del GLP envasado, entre ellas:
- Publicidad obligatoria de los precios al público.
- Educación para el consumo eficiente de energía.
- Protocolos de control estatal para el almacenamiento y comercialización segura.
- Audiencias públicas o consultas populares antes de definir nuevos precios máximos.
Un debate que cruza visiones
La propuesta se presenta en un escenario legislativo complejo, donde la desregulación es promovida como política estructural, y contrasta con una visión que concibe ciertos servicios como esenciales y, por ende, sujetos a regulación estatal. La comercialización de gas envasado, en este marco, aparece como un terreno de disputa sobre el modelo de Estado y su responsabilidad frente a los sectores más vulnerables.Mientras se espera el tratamiento parlamentario, el debate reabre una pregunta de fondo: ¿puede dejarse al libre juego del mercado el acceso a un recurso vital como la energía? Para los impulsores del proyecto, la respuesta es clara: el acceso al gas no puede ser un privilegio, sino un derecho garantizado por el Estado.
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