El Poder Ejecutivo rechazó en su totalidad la Ley Nº 27.795, que establecía un esquema de actualización automática del presupuesto universitario y paritarias para docentes y no docentes. La oposición evalúa si insistirá con el proyecto en el Congreso.

El Gobierno nacional vetó por completo el Proyecto de Ley Nº 27.795, aprobado por el Congreso el pasado 21 de agosto, que proponía un nuevo esquema de financiamiento para la educación universitaria pública, junto con la recomposición salarial de docentes y no docentes. En el texto del veto, publicado en el Boletín Oficial, se argumenta que “el proyecto no solo carece de un financiamiento genuino, sino que posee una redacción ambigua que fomenta la arbitrariedad y la falta de claridad”.

La iniciativa había sido impulsada por el radicalismo disidente de Democracia para Siempre y acompañada por los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Establecía que los gastos de funcionamiento de las universidades, hospitales universitarios y fondos para investigación se actualizaran por inflación de manera automática. También ordenaba la convocatoria a paritarias en un plazo de tres meses para recomponer los salarios y aumentar becas estudiantiles.

El Poder Ejecutivo rechazó la norma desde el inicio, señalando que implicaba un costo fiscal “excesivo” que pondría en riesgo el superávit, eje central del plan económico. Según estimaciones oficiales, la aplicación de la ley demandaría más de un billón de pesos en 2025. Para la Casa Rosada, ese gasto “sin respaldo real” solo podría cubrirse con emisión monetaria, lo que “aumentaría la inflación y perjudicaría especialmente a los sectores más vulnerables”.

Desde la oposición, los bloques evalúan la posibilidad de convocar una sesión especial la próxima semana para intentar revertir el veto. Para lograrlo deberán alcanzar los dos tercios de los votos, una mayoría que no obtuvieron en la sanción original, que contó con 158 votos afirmativos. Las fuerzas más duras plantean que llevar el tema al recinto cuanto antes permitiría capitalizar la actual debilidad del Gobierno tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y las tensiones con los gobernadores.

Además, permanecen pendientes otros vetos que el Ejecutivo aún no remitió al Congreso, entre ellos los vinculados a la emergencia en pediatría y al reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Este es el segundo rechazo presidencial a una ley destinada a reforzar el presupuesto universitario, lo que profundiza la disputa entre la Casa Rosada y la oposición en un contexto político marcado por la fragilidad de los consensos y el desgaste institucional.