El envejecimiento poblacional, la baja cobertura previsional y la necesidad económica empujan a miles de adultos mayores a seguir trabajando después del retiro. En la actualidad, la mayoría lo hace en condiciones informales y sin protección.
El proceso de envejecimiento de la población argentina se entrelaza con una creciente precarización en la etapa posterior a la jubilación. De acuerdo con un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), en el país más de 743.000 personas mayores de 65 años se encuentran trabajando en la informalidad, muchas de ellas ya jubiladas.
Según expertos, esta situación no se da por voluntad propia, sino por la necesidad de complementar haberes deteriorados por la inflación y un sistema previsional que no logra garantizar niveles adecuados de ingresos.
Una tendencia en alza
A pesar de ciertas mejoras en los haberes jubilatorios desde fines de 2023, el ingreso medio en junio de 2025 continúa un 7% por debajo del promedio histórico. Comparado con el pico de septiembre de 2017, cuando la jubilación media equivalía a $799.388 (a valores actualizados), el poder adquisitivo sigue en retroceso.A esto se suma una transición demográfica sostenida: mientras que en 1895 apenas el 2% de la población tenía más de 65 años, en 2022 ese grupo alcanzó el 12%. Esta tendencia se intensificará en los próximos años, presionando aún más sobre el sistema previsional.
Informalidad, barreras y discriminación
Las estadísticas indican que el 75% de los trabajadores mayores de 65 años están en la informalidad. Solo el 40% son asalariados registrados; el resto trabaja por cuenta propia o en condiciones informales. En muchos casos, los adultos mayores no acceden a mejores condiciones laborales ni a servicios como obra social, incluso estando jubilados.Los especialistas señalan que el sistema no incentiva la formalidad. Contratar a una persona ya jubilada implica cargas laborales para el empleador, lo que muchas veces lleva a optar por el empleo no registrado.
Además, persisten obstáculos sociales y culturales: un estudio regional de Bumeran muestra que el 55% de los trabajadores mayores en Argentina se sienten discriminados por su edad, lo que convierte al país en el más afectado por esta problemática en la región.
La salud no alcanza
Si bien las condiciones físicas y la expectativa de vida mejoraron significativamente —una persona de 70 años tiene hoy capacidades físicas similares a las de una de 50 hace tres décadas—, el mercado laboral sigue siendo poco receptivo a los adultos mayores. Predominan los prejuicios, la falta de políticas específicas y la rigidez normativa, como la ausencia de un esquema de retiro progresivo.En la práctica, muchos adultos mayores optan por actividades autónomas, asesorías, oficios y tareas de cuidado. La relación de dependencia formal es cada vez más lejana.
¿Hacia una economía plateada?
Para los especialistas, la respuesta debe ser estructural. Osvaldo Giordano propone una reforma previsional con mayor flexibilidad: permitir la continuidad laboral más allá de la edad jubilatoria, ofrecer incentivos reales para quienes pospongan su retiro y reducir cargas patronales para facilitar la contratación de personas mayores.Otros expertos, como Nuria Susmel y Agustín Salvia, coinciden en la necesidad de adaptar el marco legal y laboral a las nuevas realidades demográficas. Además, resaltan el potencial de la “economía plateada”, que reconoce el valor productivo y social de los adultos mayores.
Un desafío urgente
La presencia creciente de adultos mayores en el mercado laboral no debería ser sinónimo de exclusión o vulnerabilidad. Sin un sistema que contemple derechos, oportunidades e incentivos adecuados, envejecer en Argentina seguirá siendo, para muchos, una lucha diaria por subsistir.El desafío está planteado: garantizar que el trabajo en la vejez sea una elección digna y no una necesidad desesperada.
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