En la conferencia de prensa del 4 de junio, en la cual se anunció una nueva extensión de la cuarentena, Alberto Fernández destacó que en estos tiempos de pandemia el gobierno estaba destinando el 2,6% del PBI en asistencia social y económica.

Según los datos disponibles en Presupuesto Abierto, en lo que va del año, de cada $100 que gastó el Estado, $66 se destinaron a los servicios sociales tales como Asignación Universal por Hijo, planes de empleo, Ingreso Familiar de Emergencia o la ayuda para las empresas, entre otros rubros que componen al gasto público social. Es la cifra más elevada desde 2010.

Según información oficial del ministerio de la Producción, actualmente el 89% de las personas vive en un hogar asistido por el Estado o con un ingreso del sector público. El dato fue extraído de un informe del Centro de Estudios para la Producción (CEP), que depende de esa cartera.

¿Cómo es posible? Hay 21 millones de ciudadanos que perciben algún ingreso social, distribuido entre planes sociales, de trabajo y asistencia empresaria, créditos a tasa cero y las jubilaciones y pensiones. Además, el informe del CEP contabiliza a los empleados públicos.

Estas 21 millones de personas comparten un hogar con otras 19 millones. La suma da 40 millones de personas; es decir, 9 de cada 10 argentinos.

A24.com se propuso desglosar los planes sociales de más peso en el país para analizar hasta dónde y de qué manera llega el asistencialismo del Estado, que se intensificó con el desplome económico producto de la pandemia de coronavirus.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Universal por Embarazo (AUH -AUE)

La Asignación Universal por Hijo es el programa emblema que fundó el kirchnerismo y que luego mantuvo e incrementó el gobierno de Macri.

Está destinado a los menores de 18 años de familias que estén desocupadas o trabajen en la economía informal. Lo cobra uno de los padres de los chicos y tienen que presentar a cambio un carnet de vacunación al día y la constancia de asistencia al colegio.

Se creó en 2009 con fondos de la Anses y entonces eran $180 por hijo que cobraba la familia. Para 2015 ese monto había subido a $837 y alcanzaba a 3,6 millones de chicos.

El gobierno de Macri extendió el beneficio para los hijos de los monotributistas y trabajadores de temporada y reforzó las partidas en varias ocasiones debido a la crisis económica. A fin de año el beneficio, por niño, rondaba los $2600.

Actualmente, la AUH es de $3293 por chico (en algunas provincias el monto llega a $4200) y lo mismo cobran las mujeres embarazadas inscritas en la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

Hay 2,4 millones de personas que cobran estas asignaciones que equivalen, a datos de junio de 2019, a casi cuatro millones de niños.

Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)

El 23 de marzo, a pocos días de establecerse la cuarentena obligatoria, Alberto Fernández anunció que se pagaría un bono de $10.000 a aquellas personas o grupos familiares que estuvieran desempleadas y que no percibieran ninguna prestación como jubilación o pensión o un salario social.

Anses recibió pedidos de 12 millones de personas y se definió entregar el beneficio a 8 millones.

Inicialmente, se iba a hacer un pago en abril y luego se sumó otro en mayo. Sin embargo, hacia fines del mes pasado poco más de 6 millones habían recibido el pago inicial IFE y el pago del resto se fue normalizando en las últimas semanas.

El lunes 8 comenzó el pago del segundo bono del IFE, correspondiente a mayo.

Según informó la titular de la Anses, Fernanda Raverta, el Gobierno extenderá el beneficio a 9 millones de personas con un desembolso estatal correspondiente de $90 mil millones.

Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP)

El ATP es el otro programa que se creó específicamente para tratar de paliar los efectos de la crisis económica por la parálisis de la actividad empresaria en cuarentena.

Tiene dos patas: por un lado asiste a empresas afectadas a través del pago de parte de los salarios de los trabajadores y, por el otro lado, tiene una línea de crédito a tasa cero para los monotributistas y autónomos.

Inicialmente, 2.250.000 de trabajadores privados fueron beneficiados con el ATP que consiste en el pago de entre uno y hasta dos salarios mínimos conforme lo que ganen.

Sin embargo, hay que decir que después del primer pago de abril la \"letra chica\" para acceder a este beneficio cambió: las empresas que lo recibieran no podrían hacerse de dólares mediante operaciones bursátiles, ni repartir dividendos, entre otras restricciones. Esto motivó a que muchas compañías se dieran de baja al mes siguiente.

Según confirmaron a A24.com voceros de AFIP, en mayo hubo 1,6 millones de beneficiarios que cobraron su sueldo y se extenderán a los 2 millones luego de que se terminen de procesar algunas solicitudes nuevas.

No obstante, según actualizó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en una entrevista radial el sábado 6 de junio, se están auxiliando \"a más de 250 mil pymes y 141 empresas grandes con el propósito de preservar el empleo, llegando a 2.900.000 de trabajadores\".

Planes de trabajo

El plan Argentina Trabaja, acuñado durante el kirchnerismo, fue reemplazado por la gestión Macri por Hacemos Futuro y se incrementaron la cantidad de beneficiarios: en 2015 eran cerca de 107.000 y la gestión Cambiemos se fue con 236.700.

A estos planes de empleo se sumó la gran conquista de las organizaciones sociales (CCC, Barrios de Pie y CTEP) en 2016: la creación de un registro de trabajadores populares y cooperativistas y el pago del salario social complementario. Este equivale a la mitad de un salario mínimo vital y móvil, hoy en $16.875.

La semana pasada, el Gobierno anunció que estos dos planes se fusionaron en uno que contiene a los 580.000 de los dos programas: Potenciar Trabajo.

Según explicaron en el Ministerio de Desarrollo Social, del que depende Potenciar Trabajo, esta integración se produjo porque los dos planes anteriores tenían objetivos similares abocados a la formación de las personas.

Ahora, el gobierno quiere además sumarlos en una registro para que puedan ser contratados como recursos humanos para obras o trabajos tanto públicos como privados.

La idea es que, si obtienen un trabajo, el Estado cubrirá el valor del salario social complementario durante un año. Si son contratados de manera permanente pasado ese tiempo, se retira la asistencia.

Tarjeta alimentar

Antes de asumir formalmente como ministro de Desarrollo Social en diciembre del año pasado, Daniel Arroyo ya había anunciado que la primera medida de peso de su cartera sería la tarjeta Alimentar. Un plástico en donde mes a mes se deposita dinero para cubrir la canasta básica que sólo puede gastarse en comida, excepto bebidas alcohólicas.

El beneficio es para embarazadas a partir del tercer mes de embarazo o que tengan un solo hijo ($4000) y para familias con dos o más niños menores de seis años ($6000).

Justo antes de que se declare la cuarentena, el Gobierno entregó 1.500.000 tarjetas y, post pandemia, se sumaron 400.000 beneficiarios a los cuales se les deposita el dinero directamente en la cuenta en la que cobran la AUH.

Para asistir a las familias, en abril se depositó un refuerzo de $4.000 o $6.000, un total de $15.200 millones.

Según el informe \"La pobreza más allá de la privación de los ingresos\" del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, en el 2019, la asistencia social llegaba al 43,8% de los argentinos, a través de al menos un ingreso estatal en cada hogar.

Esa cobertura alcanzaba al 69,3% de las personas en situación de pobreza. Sin embargo, esto implica una cobertura mínima para las necesidades básicas pero no necesariamente una salida de la pobreza.

\"Si bien se considera necesaria la ampliación de las políticas de transferencias de ingresos y asistencia alimentaria directa para la resolución de problemas coyunturales e inmediatos en los hogares de mayor vulnerabilidad, es pertinente recordar que las mismas no resuelven problemas estructurales de largo plazo, para los cuales se requiere de otro tipo de políticas sociales y económicas \", asegura el documento.