El juez federal Sebastián Casanello procesó este jueves al ex presidente Alberto Fernández en la denominada causa Seguros, donde se investiga irregularidades en el manejo de contratos de seguros de entidades públicas durante su mandato.

El procesamiento fue por el delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, el cual tiene una pena de uno a seis años de prisión e inhabilitación perpetua al funcionario.

En la causa también están involucrados María Cantero, ex secretaria de Fernández, su marido Héctor Martínez Sosa, broker beneficiado y amigo del expresidente, y al ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, por montar una maquinaria de supuesta defraudación al Estado a través del decreto 823/2021.

Con dicho decreto, Alberto Fernández impulsó la obligación a todos los organismos del Estado de contratar servicios de seguros únicamente a través de Nación Seguros.

Según el juez, el ex presidente se involucró en el “plan de expansión de los negocios” del grupo Martínez Sosa con el Estado argentino. Las comisiones durante su gobierno fueron de $2.242 millones y representaron casi el 60% del total que pagó Nación Seguros.

Además, el juez Casanello ordenó un embargo sobre los bienes de Fernández de $14.000 millones y procesó a otras 33 personas, incluidos el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, al broker Héctor Martínez Sosa y demás miembros del ex directorio.

La causa cambió de juez a principio de año, cuando se le venció la subrogancia al juez Julián Ercolini. Este hecho ocurrió en un momento clave de la investigación, cuando ya se habían terminado las indagatorias y el juez tenía que decidir si procesaba o no a todos los imputados.

A partir de allí, Casanello decidió revisar toda la documentación, solicitar nuevas pruebas y darle su impronta a la causa, profundizando otras líneas de investigación.

Semanas atrás, el juzgado recibió un informe fundamental elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) para avanzar con la causa. Este documento demostró la íntima vinculación de funcionarios públicos con los empresarios privados involucrados en el caso.