A partir de una nueva disposición oficial, todas las indicaciones médicas en Argentina deberán ser emitidas exclusivamente mediante plataformas digitales habilitadas. La medida, anunciada este lunes a través de la Resolución 2214/2025 en el Boletín Oficial, implica la obligatoriedad de la receta electrónica no solo para medicamentos, sino también para estudios, prácticas clínicas y dispositivos médicos.

Con esta normativa, el Ministerio de Salud de la Nación consolida la digitalización del sistema sanitario. Desde ahora, cualquier prescripción, ya sea de un analgésico o de una tomografía computada, deberá tramitarse en entornos electrónicos registrados en el ReNaPDiS (Registro Nacional de Plataformas Digitales de Salud).

Uno de los objetivos centrales de esta implementación es mejorar la trazabilidad de los tratamientos y garantizar que tanto pacientes como prestadores accedan a la información en tiempo real. El sistema también permitirá ejercer un mayor control sobre el uso de medicamentos sensibles, como psicotrópicos y estupefacientes, cuyas recetas deberán archivarse de forma segura por un período mínimo de tres años.

Cada prescripción electrónica estará asociada a un identificador único, denominado Clave Única de Identificación de Receta (CUIR), que se vinculará con el CUIL del paciente, garantizando así una correcta individualización de la información y reduciendo riesgos de duplicaciones o manipulaciones.

El Ministerio estableció un cronograma progresivo de implementación: los actores del sistema tendrán 45 días para adecuarse a la identificación única, 90 días para adaptar las recetas archivadas, y 120 días para la incorporación total de prescripciones restringidas.

En paralelo, se aclaró que la digitalización no será obligatoria en zonas rurales o con conectividad deficiente. En estos casos, se permitirá seguir utilizando recetas en papel hasta que las condiciones técnicas lo permitan.

Además, se exigirá que todas las plataformas empleadas en el proceso estén registradas oficialmente, sin importar si el paciente cuenta con obra social, prepaga o accede a la salud pública. Esto busca garantizar la interoperabilidad entre los distintos actores del sistema.

La receta electrónica, que comenzó a aplicarse de manera obligatoria para medicamentos desde enero de 2025, responde al cumplimiento de la Ley 27.553, sancionada en 2020, que sentó las bases legales para digitalizar las prescripciones en el país.

Desde la cartera sanitaria explicaron que esta transformación digital busca modernizar el acceso a la salud, facilitar auditorías, evitar fraudes, reducir errores y optimizar la gestión de recursos tanto en el ámbito público como privado.

Con esta resolución, el Ministerio avanza hacia una estrategia integral de salud digital, que también incluye la interoperabilidad de historias clínicas electrónicas, el fortalecimiento de las bases de datos sanitarias y la mejora de los procesos de fiscalización y monitoreo a nivel nacional.