A través de la Resolución 828/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional puso en marcha un nuevo protocolo para regular la intervención de los denominados agentes encubiertos digitales y agentes reveladores digitales en investigaciones judiciales. La norma lleva la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y busca establecer un marco normativo uniforme para el uso de estas figuras en el ámbito de las fuerzas federales.

Según se detalla en el documento oficial, el procedimiento comienza con un oficio judicial que ordena la participación de un agente encubierto digital. A partir de allí, la Unidad Especial de Agentes Encubiertos solicita a la fuerza policial interviniente una propuesta de agente que cumpla con los requisitos previstos en la Ley 27.319.

La propuesta es evaluada por la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, que puede aceptar o rechazar la designación. En caso de rechazo, la fuerza deberá proponer un nuevo candidato.

Identidades ficticias bajo custodia

Una vez designado, el agente elige los datos biográficos ficticios que utilizará para la misión —su “avatar”— y formaliza su aceptación del cargo. La Unidad Especial registra la actuación con un código de seguridad único y conserva la documentación de forma reservada.

El protocolo también contempla que el Registro Nacional de las Personas (Renaper) podrá incorporar las identidades ficticias en sus bases de datos y, si fuera necesario, emitir documentación física o digital que respalde la cobertura del agente.

Se advierte que la filtración de estas identidades constituye una falta grave y puede acarrear sanciones disciplinarias, además de responsabilidad penal. La identidad ficticia solo puede ser utilizada en el marco de la misión encomendada, y una vez concluida, debe ser eliminada de todas las bases de datos oficiales. Solo en casos excepcionales —por motivos de seguridad o por continuidad investigativa— podrá mantenerse activa.

Con esta resolución, el Gobierno formaliza el uso de herramientas encubiertas en el ámbito digital, en línea con el avance de los delitos informáticos y el uso de redes para actividades ilícitas.