Unos 1433 ciudadanos extranjeros con causas penales vigentes fueron expulsados de Argentina durante el Gobierno de Mauricio Macri. Ahora el Gobierno busca consensuar con otros países, controles más estrictos para el ingreso al país.

En los últimos días se desató la polémica respecto a los ciudadanos extranjeros residentes en el país y el accionar frente de la Justicia frente a ilícitos. Distintos funcionarios se manifestaron al respecto, principalmente con cuestionamientos hacia el Poder Judicial.

En ese marco, el director nacional de Migraciones, Horacio García, expresó que a raíz de la \"gran cantidad de extranjeros que son detenidos delinquiendo\" el Gobierno buscarán intensificar los requisitos de acceso, exigiendo un certificado de antecedentes de la última década, emitido por el país de origen.

\"Vamos a pedir que nos digan cuál es la base informática que podemos consultar porque si no, vamos a solicitar que traigan una certificación de 10 años so pena de no radicar a nadie\", sostuvo en declaraciones a Télam, y adelantó que ya mantuvieron reuniones con los consulados de Colombia y Perú para avanzar en ese sentido.

Por su parte, García explicó que que el aumento de las deportaciones se dio a partir del decreto número 70, firmado en 2017, que modificó la Ley de Migraciones estableciendo una regulación más estricta. Para el titular de Migraciones este cambio \"permitió agilizar administrativa y judicialmente los trámites de expulsión\"

La polémica se generó por el caso de un ciudadano colombiano de 25 años, detenido por delinquir bajo la modalidad de \"motochorro\", y que fue liberado a las 48 horas por la Justicia. Según García el joven tenía condenas en Colombia pero llegó al país con un certificado donde aseguraba que el joven no tenía antecedentes.

La decisión de la Justicia generó el rechazo del secretario de Seguridad porteño, Marcelo D\'Allesandro, quien cuestionó al Poder Judicial y aseguró que“más del 85% de los motochorros detenidos por la Policía de la Ciudad son reincidentes\".