El Secretario de la Fiscalía de Género, Federico Saldivia, explicó que esta práctica “ya se aplicó en una causa de flagrancia en particular, en la que se buscó garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la identidad de género percibida por la persona víctima de un delito”. Señaló además que, por disposición de los fiscales, se puso en conocimiento de la comisaría interviniente los alcances de la ley vigente en la materia.

En este sentido, se enfatizó la importancia de que en los casos sensibles, donde las víctimas se autodeterminen con una identidad distinta a la que figura en su documento nacional de identidad, se respete esa autodeterminación, la integridad y los derechos de quienes acuden al Poder Judicial.

El acuerdo se enmarca en tres leyes fundamentales: la Ley 26.485 de protección integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres; la Ley 26.743 de identidad de género, que garantiza el respeto a la identidad autopercibida en todo trámite; y la Ley 27.499 (Micaela), que establece la capacitación obligatoria en género para todo el personal del Estado, incluidas las fuerzas de seguridad.

En la práctica, esto implica que las denuncias deben recibirse sin demoras, en espacios privados, con un lenguaje claro y acompañado de asistencia adecuada. El registro se realizará siempre con el nombre y pronombres indicados por la persona denunciante, sin requisitos adicionales, reforzando además la evaluación de riesgo y la adopción inmediata de medidas de protección como botones antipánico, restricciones de acercamiento o custodia preventiva.

Finalmente, se destacó que uno de los puntos centrales será la capacitación permanente de oficiales y personal administrativo, con el fin de asegurar entrevistas libres de prejuicios, confidencialidad y un acompañamiento real a las víctimas. De esta manera, se busca garantizar que toda persona que acuda a denunciar lo haga con la certeza de que será recibida con respeto, contención y pleno reconocimiento de su identidad.