El presidente Javier Milei vetó la ley de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) aprobada por el Congreso con respaldo opositor y reclamada por los gobernadores. La decisión reavivó el conflicto con las provincias, incluso con aquellas que intentaban sostener un canal de diálogo con la Casa Rosada.

Con el veto ya girado al Senado, la pelota queda del lado de la Cámara alta: si reúne dos tercios de los votos, podrá insistir con la sanción original y dejar sin efecto la decisión presidencial. Ese escenario ya se produjo en otras iniciativas resistidas por el Ejecutivo, como la ley de emergencia en discapacidad.

El cortocircuito por los fondos provinciales se superpuso con la convocatoria a la “mesa federal”, el ámbito con el que el Gobierno busca negociar cambios laborales y tributarios. La tarea de tender puentes recayó en el ministro de Economía, Luis Caputo, uno de los funcionarios con mejor relación con los mandatarios.

El impacto político también salpicó el debut de Lisandro Catalán al frente del Ministerio del Interior. Días atrás recibió en la Casa Rosada a Rogelio Frigerio, Alfredo Cornejo y Leandro Zdero, quienes intentaron evitar el veto con una foto de unidad; la gestión no prosperó.

El proyecto vetado establecía que los ATN se distribuyeran automáticamente entre las provincias según los coeficientes de coparticipación. Los gobernadores defendieron la norma y aseguraron que el efecto fiscal sería marginal: 0,05% del PBI en 2025 y 0,15% en 2026. En privado, cuestionan que “recursos que pertenecen a las provincias” se utilicen para el equilibrio de las cuentas nacionales.

Desde la Casa Rosada sostuvieron lo contrario. En el decreto de veto, el Ejecutivo argumentó que la discrecionalidad en el uso de los ATN es clave para responder a emergencias y desequilibrios financieros. “El esquema aprobado por el Congreso priva al Estado Nacional de una respuesta ágil y eficaz”, fundamentó el texto.

La tensión por los ATN suma así un capítulo más a la disputa de fondo entre Nación y provincias por el reparto de los recursos y condiciona el recorrido de la agenda de reformas que el Gobierno pretende discutir en la mesa federal.