El campo de Tierra del Fuego atraviesa una situación cada vez más crítica frente al avance de los perros cimarrones, cuya población ya superaría los 25.000 ejemplares y continúa en aumento ante la falta de intervenciones concretas por parte del Estado provincial. Mientras se multiplican los ataques al ganado y a la fauna silvestre, productores y trabajadores rurales advierten que el problema dejó de ser coyuntural y se transformó en una amenaza estructural para el ecosistema y la actividad productiva.

Aunque desde 2017 está vigente la Ley Provincial N.º 1146, que define al perro asilvestrado como “especie exótica invasora” y habilita su control incluso mediante acciones letales en zonas rurales, la norma no logró traducirse en operativos sostenidos. A pesar de anuncios oficiales sobre inversión, creación de comités y elaboración de protocolos, en la práctica las extracciones realizadas son mínimas: apenas algunas decenas frente a una población que crece de forma acelerada.

En lugar de avanzar con un plan sistemático de capturas, la provincia ha profundizado una estrategia basada casi exclusivamente en estudios técnicos, monitoreos con cámaras y censos fotográficos. Esta falta de acción concreta trasladó la carga del problema a los propios productores, que deben costear cercos electrificados, perros protectores o resignarse a sufrir pérdidas millonarias. Un episodio ocurrido en febrero de 2026 expuso con crudeza la magnitud del conflicto, cuando más de 100 animales fueron asesinados en una sola noche por jaurías de perros asilvestrados.

Las proyecciones biológicas agravan aún más el panorama. En libertad, una hembra cimarrona puede tener hasta dos camadas anuales, con un promedio de cinco cachorros por parto. Con una población actual estimada en 25.000 animales —y cerca de la mitad en edad reproductiva—, especialistas advierten que, sin intervención, el número podría duplicarse o incluso triplicarse en apenas dos años, alcanzando entre 60.000 y 75.000 ejemplares hacia 2028. El crecimiento no sería lineal, sino exponencial, ya que cada cachorro nacido se convierte rápidamente en reproductor.

Mientras tanto, documentos como la Guía de Manejo presentada en 2025 o los debates en torno al enfoque de “Una Sola Salud” permanecen en el plano teórico, sin impacto real en el territorio. En contraste, las jaurías continúan desplazándose por estancias y reservas naturales, devastando majadas ovinas y poniendo en riesgo especies nativas.

En el sector rural coinciden en que Tierra del Fuego ya no necesita más diagnósticos ni informes técnicos. Reclaman, con urgencia, una política activa que transforme la legislación en acciones concretas y permita recuperar el control del territorio antes de que los perros cimarrones dejen de ser una plaga para consolidarse como un actor dominante en la isla.