La presidenta de la Asociación Ambientalista Mane’kenk, Nancy Fernández, cuestionó con dureza la reunión conjunta que este viernes realizaron en Río Grande las comisiones de Recursos Naturales (N°3) y Legislación General (N°1) de la Legislatura provincial para debatir proyectos que buscan modificar la Ley Provincial N°1355. La norma, vigente desde hace cuatro años y que nunca fue reglamentada, prohíbe la salmonicultura industrial en lagos, ríos y mares fueguinos.

En diálogo con Radio Fueguina, Fernández expresó su sorpresa y preocupación por la convocatoria: “Ayer a la tarde llegó un correo avisando que la reunión sería en Río Grande. Nos pareció absolutamente sospechoso y una provocación, porque las comisiones de la Legislatura nunca sesionan acá. En Ushuaia hay mayor presencia de organizaciones y activistas; hacerlo acá, con tan poca antelación, es una manera de impedir la participación masiva de la comunidad”.

La dirigente recordó que la ley, sancionada hace cuatro años, nunca fue reglamentada, lo que impidió fijar normas claras para el desarrollo de la acuicultura en la provincia. “Si la Secretaría de Pesca hubiera querido implementarla de forma responsable, cuidando el medio ambiente y generando empleo, lo podría haber hecho desde hace tiempo. Hoy, de golpe, aparece este interés abrupto y mediático, con mucho dinero en publicidad”, cuestionó.

Fernández también puso en duda las garantías que ofrece el Ejecutivo provincial respecto de zonas que quedarían fuera de la actividad. “No podemos creerle a una persona que en cuatro años no pudo reglamentar una ley. Necesitamos normas, decretos, resoluciones, informes técnicos… No palabras”, remarcó. Según indicó, un informe del área de Recursos Hídricos del propio Ejecutivo fue negativo sobre uno de los proyectos.

La ambientalista alertó que la experiencia internacional, como el caso chileno, muestra que la salmonicultura no genera masivamente empleo: “Los cálculos más optimistas hablan de no más de cien trabajadores por emprendimiento. En Chile, con 50 años de desarrollo y 1.500 concesiones, hay 21 mil empleos directos. No estamos en contra de la acuicultura, pero sí de que se mienta sobre su alcance”.

Asimismo, denunció un patrón que, a su entender, relega a Río Grande como “zona de sacrificio”, concentrando allí proyectos industriales de alto impacto ambiental, mientras que Ushuaia se preserva para el turismo. También cuestionó la actuación del subsecretario de Coordinación Pesquera y Acuícola, Diego Marcioni, a quien acusó de favorecer a grandes empresas, como New San, en detrimento de pescadores artesanales.

En caso de habilitarse la salmonicultura a gran escala, Fernández advirtió sobre impactos irreversibles: “La introducción de especies exóticas como el salmón del Atlántico es altamente invasora. Además, la pesca artesanal dejaría de ser rentable, obligando a familias a convertirse en empleados precarizados”.

La jornada legislativa realizada en Río Grande fue clave para reactivar un debate que las organizaciones ambientalistas consideran fundamental, y que para ellas debe realizarse con amplia participación ciudadana y con base en información técnica transparente.